La organización Justicia, Encuentro y Perdón denunció que en Venezuela se ha consolidado un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos dentro de los centros de reclusión, donde —según sus registros— han muerto 27 presos políticos bajo custodia del régimen desde 2014.
Tras la confirmación de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, el organismo advirtió que estos casos no responden a hechos aislados, sino a una práctica sostenida de represión que se ejecuta entre opacidad institucional, retrasos informativos y ausencia de garantías judiciales.
La ONG afirmó que la privación de libertad en estos contextos implica la asunción total de responsabilidad estatal sobre la vida de los detenidos, por lo que cualquier deceso debe considerarse, bajo estándares internacionales, como potencialmente atribuible al régimen.
Patrones de vulneración
En su análisis, la organización señaló tres factores recurrentes en muertes ocurridas en custodia: presuntos actos de maltrato físico durante interrogatorios o castigos; falta de atención médica oportuna; y omisiones judiciales frente a solicitudes de medidas humanitarias, incluso en casos de deterioro grave de salud.
A juicio del organismo, estas prácticas configuran un esquema de vulneración prolongada que afecta directamente el derecho a la vida de las personas privadas de libertad.
Caso Víctor Hugo Quero Navas
El informe destacó el caso de Víctor Hugo Quero Navas como uno de los episodios más graves dentro de esta cronología, al señalar que su situación estuvo marcada por un prolongado periodo de incertidumbre para su entorno familiar.
De acuerdo con lo expuesto, su madre, Carmen Teresa Navas, habría recorrido durante más de un año distintas instituciones del Estado sin obtener información clara sobre su paradero, enfrentando respuestas contradictorias entre organismos oficiales del chavismo.
La organización también cuestionó la demora en la notificación del fallecimiento, así como inconsistencias en fechas y registros difundidos por instancias públicas, lo que —según indicó— afecta el derecho a la verdad de los familiares.
Asimismo, criticó el manejo del cuerpo del detenido, al señalar que la inhumación se habría realizado sin presencia de sus allegados, lo que consideró una vulneración adicional en el proceso.
Llamado a investigación independiente
Justicia, Encuentro y Perdón exigió la aplicación del Protocolo de Minnesota para investigar muertes potencialmente ilícitas, al considerar que los procedimientos no pueden quedar bajo control de las mismas instituciones involucradas en la custodia de las víctimas.
El organismo pidió que las experticias forenses sean realizadas por especialistas independientes y que se garantice transparencia en todas las fases de la investigación.
Una lista de víctimas
La organización también presentó un recuento de 27 personas privadas de libertad por razones políticas que han fallecido en distintos centros de detención y sedes de organismos de seguridad en la última década.
Entre los casos mencionados figuran Rodolfo González, Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo, Salvador Franco, Raúl Isaías Baduel, entre otros, hasta llegar a Víctor Hugo Quero Navas como el más reciente.
Exigencia de verdad y justicia
El informe concluye que estas muertes evidencian fallas estructurales en el sistema de reclusión venezolano y sostiene que la respuesta del régimen ha estado marcada por demoras, omisiones y falta de esclarecimiento.
“Las cárceles no pueden seguir siendo espacios de impunidad mortal”, plantea la organización, al insistir en la necesidad de establecer responsabilidades individuales e institucionales.
Finalmente, reiteró su llamado a garantizar justicia, verdad y reparación para los familiares de las víctimas, así como condiciones dignas para las personas aún privadas de libertad.
