Amnistía Internacional respaldó la demanda penal presentada este miércoles ante la Justicia federal argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Fundación Clooney por la Justicia, para que se investiguen los crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas.
La organización internacional consideró que este es un importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
“Ante la demanda penal interpuesta en Argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores. Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos. La justicia federal de Argentina no puede darles la espalda a las víctimas; por el contrario, debe abrir la puerta a la jurisdicción universal y generar un precedente importante para que otros países de la región sigan el mismo curso de acción”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La demanda se enmarca en la política de represión instaurada y ejecutada por el régimen de Nicolás Maduro desde 2014. Esta política -que sigue vigente- incluye la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y persecución por motivos políticos.
“Las víctimas que han denunciado crímenes de lesa humanidad hoy han puesto sus esperanzas de justicia en Argentina. Los tribunales argentinos tienen la competencia constitucional sobre estos crímenes no por dónde hayan sido cometidos o por quién, sino porque se trata de hechos que dañan a la humanidad en su conjunto. Esperamos que el sistema de justicia argentino esté a la altura de las circunstancias y sostenga su tradición histórica de perseguir y castigar a quienes resulten responsables en todos los niveles por estos hechos”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima. En el caso de Argentina, la Justicia federal argentina ya ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos en lo que constituye ya una sólida línea de precedentes. Entre ellos, en 2010 una jueza federal argentina inició una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977). Esto dio lugar a una orden de exhumación por parte del tribunal que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían logrado. En 2021, aplicando de nuevo la jurisdicción universal, un juez federal argentino inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad Rohingya en Myanmar.
Además, a comienzos de este año 2023, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) presentó una denuncia penal para que se investiguen los crímenes cometidos por los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el marco de la cumbre de la CELAC que se celebró en Buenos Aires.
