El Parlamento italiano aprobó este jueves el decreto migratorio elaborado por el Gobierno de la presidenta Giorgia Meloni, una norma que según las ONG de salvamento marítimo contraviene el derecho internacional ya que, entre otras modificaciones, limita el número de rescates y asigna puertos lejanos para el desembarco de los buques.
El Senado dio el visto bueno este jueves al texto, con 84 votos a favor y 61 en contra, una semana después de hacerlo la Cámara de Diputados, que aceleró el proceso mediante un voto de confianza.
«Hemos evitado tres veces los desembarcos. Italia está preparada contra la subversión», explicó este jueves el impulsor de la reforma, el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, que estima que gracias a su acción se ha evitado la llegada de más de 20.000 personas.
A comienzos de este año, el Consejo de Ministros italiano promulgó el decreto con dos puntos que modifican sustancialmente las actividades de salvamento: la obligación de pedir el desembarco inmediatamente después de un rescate y la asignación, por parte de Italia, de puertos lejanos.
Desde hace meses, Italia desvía los barcos a puertos por toda la costa nacional, incluso los ubicados en el centro-norte del país o la costa del mar Adriático, en lugar de sitios próximos a la zona de rescate, como Sicilia o Lampedusa (sur).
Así, buques de organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Open Arms han tenido que viajar hasta 4 y 5 días para poder desembarcar a los migrantes rescatados con seguridad.
La única embarcación a la que se le cambió en estos meses el puerto asignado inicialmente fue la Sea Eye 4, que viajaba con 109 migrantes y dos cadáveres tras dos operaciones de rescate en el Mediterráneo central y logró atracar en Nápoles.
El decreto establece también un régimen de sanciones administrativas que incluyen «la detención administrativa del buque y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar».
Además, se estipulan sanciones de 50.000 euros para los barcos y hasta 10.000 euros para el capitán y el propietario del buque.
Al respecto de la norma, el Consejo de Europa escribió al Gobierno italiano para pedirle que dé marcha atrás, debido a que podría privar a los migrantes de una «asistencia vital».
Por su parte, el Gobierno italiano explicó en su respuesta que «lo que la nueva norma pretende evitar es, más bien, la actividad sistemática de recuperar migrantes en aguas de las costas libias y tunecinas para llevarlos exclusivamente a Italia, sin ningún tipo de coordinación».
Según datos del Ejecutivo italiano, más de 10.000 migrantes han llegado a Italia en lo que va de año a través del Mediterráneo central, triplicando la cifra de llegadas en este mismo periodo de 2022, cuando el total de personas desembarcadas en las costas italianas ascendió a más de 100.000.
EFE
