La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó este jueves el informe sobre Venezuela que presentará la expresidenta Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo miércoles 29 de junio.
En el documento, Bachelet denuncia que en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 continuaron documentando casos de torturas y detenciones arbitrarias.
Aunque reportó una disminución en las ejecuciones extrajudiciales, continuaron registrando casos de asesinato de civiles por parte de los organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.
«El ACNUDH documentó seis casos que involucraron a las fuerzas de seguridad con un modus operandi en barrios marginados, incluso en Caracas y El Tocuyo (estado de Lara) que resultaron en la privación de la vida. En al menos tres casos, el fallecido habría sufrido presuntamente tortura o malos tratos antes de su muerte», denunció el informe.
Además, el ACNUDH registró la detención arbitraria de al menos 13 personas, incluidas dos mujeres, durante operaciones de seguridad en Caracas, Táchira y Apure.
El Alto Comisionado de la ONU también documentó 35 casos de violación del derecho a la libertad, incluyendo de seis mujeres. «En el momento de redactar el presente informe, al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los límites establecidos en la legislación aplicable vigente«, destacó el informe.
Torturas y condiciones de detención
En cuanto a las condiciones de detención, la oficina de Bachelet reiteró su preocupación por las condiciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM).
«EL ACNUDH recibió denuncias de tortura o malos tratos relacionadas con 14 personas privadas de libertad durante el período que abarca el informe. Otras cinco personas detenidas desde antes del período que abarca el informe también presentaron denuncias similares ante las autoridades», denunció.
Asimismo, el ACNUDH documentó al menos 29 casos, entre ellos cuatro mujeres, en los que no se atendieron con prontitud las solicitudes de exámenes de salud y traslados médicos de los prisioneros.
Bachelet también reclamó por los retrasos en la aplicación de las órdenes de liberación. «El ACNUDH documentó al menos otros siete casos de personas detenidas cuya orden de liberación aún no se ha implementado«, señaló.
