La justicia venezolana sigue confirmando su falta de independencia. Casi una semana después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asegurara que “nada ni nadie lo apartará del camino trazado” por el fallecido Hugo Chávez, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha reconocido su alineación con el Gobierno de Nicolás Maduro, escudándose en el principio de colaboración de poderes previsto en la Constitución.
“¿Quién es el jefe de Estado? Nicolás Maduro. Él no solo es el jefe del Poder Ejecutivo, sino que como presidente de la República es el jefe de Estado, un jefe de Estado que, a la vez, es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cuál es mi deber y mi obligación? Coordinar con él”, declaró Saab en una entrevista concedida a la BBC.
El artículo 136 de la Constitución establece que “el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral”.
Y acto seguido la norma remata señalando que “cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.
En la entrevista, Saab dejó en claro que le tienen sin cuidado las críticas de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas.
“Yo no voy a estar oyendo sandeces de enemigos gratuitos que han deseado la destrucción de mi patria, la guerra civil y la toma del poder para entregarle Venezuela a una potencia extranjera”, replicó.
Tras las protestas, el Fiscal General lideró la acción del Estado que condujo a violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones en masa, bajo la narrativa del Ejecutivo de la lucha contra un “golpe de Estado” y el “fascismo”, declaró la Misión de la ONU en un informe presentado en septiembre sobre la represión de las protestas poselectorales.
En un informe anterior, la Misión denunció que la falta de independencia de jueces y fiscales es responsable de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país.
“La Misión tiene motivos razonables para creer que los jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial, justificándolos a menudo bajo la figura de la flagrancia en contra de lo que habría surgido de los hechos”, señaló.
Por su parte, la CIDH denunció que las autoridades judiciales venezolanas aplican “prácticas de terrorismo de Estado” con un doble propósito: “no perseguir a sectores específicos, sino generar un clima de temor e intimidación entre la población”.
