El fiscal general impuesto por la ilegítima constituyente chavista, Tarek W. Saa vinculó a la defensora de DDHH, Rocío San Miguel, con un supuesto intento de magnicidio.
«El Ministerio Público informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete Blanco’, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolas Maduro y otros altos funcionarios; así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (Táchira) y otras entidades del país», escribió Saab en su cuenta oficial en la red social X.
Agregó que «dichas investigaciones continúan su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país: como siempre apegados a lo establecido en nuestra Constitución, las leyes de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos».
El pasado 22 de enero, Saab informó que «desde mayo de 2023 han desmantelado cinco supuestas conspiraciones por las cuales han detenido a un total de 31 personas -entre civiles y militares (…) Se trata de una «conspiración continuada» que fue descubierta por el sistema de justicia chavista, que acusa a los aprehendidos por delitos como traición a la patria, terrorismo, conspiración, revelación de secretos militares y homicidio intencional en grado de tentativa».
También anunció que «habría nuevas detenciones en los próximos días e informó que las autoridades están tras la búsqueda de otras 11 personas presuntamente involucradas en estos planes».
La activista y defensora de los Derechos Humanos, además de presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el viernes en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cuando esperaba para abordar un avión para trasladarse al extranjero.
Cabe destacar que «el 18 de enero de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Rocío San Miguel y su hija, en Venezuela. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Rocío San Miguel habría venido siendo objeto de hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio, en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano».
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