El presidente de la A.C. Consorcio Desarrollo y Justicia, Oscar Schlenker, participó en el foro “Análisis sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Venezuela y su efecto en la migración” como parte de los eventos previos de la 52° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima, Perú.
Otras personalidades y organizaciones de la sociedad civil venezolana visibilizaron las violaciones de Derechos Humanos como: Betilde Muñoz; directora del Departamento de Inclusión social / OEA, María Jennie Dador Tozzini; secretaria Ejecutiva de la CNDDHH Perú, Nancy Arellano; presidenta Veneactiva- Perú, Aixa Armas; presidenta de Mujer y Ciudadanía, Elaine Ford; directora fundadora de D&D Internacional – Democracia Digital y Eva Sabariego; directora Ejecutiva de Empodérame/Venezuela.
El evento fue propicio para que organizaciones de la sociedad civil analizaran las distintas perspectivas de los efectos de las vulneraciones de los derechos humanos de la población migrante de Venezuela.
Aixa Armas, en representación de Mujer y Ciudadanía, expresó que este evento se realizó con el fin de reafirmar las preocupaciones de la sociedad civil venezolana «por la creciente desigualdad económica, social y ambiental en Venezuela”.
Por su parte, la representante de la organización EmpoderaME Venezuela, Eva Sabariego, desde el enfoque de la mujer, logró visibilizar la realidad que padecen los venezolanos con respecto a su calidad de vida.
“Las mujeres, las adolescentes y las niñas son las que se están viendo afectadas (…) el hecho de ser mujer y no tener acceso al agua se ha convertido en una limitación para acceder a la educación. Esto se traduce en una migración forzada”, dijo.
Como parte del panel de expertos, la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, Betilde Muñoz, visibilizó la deuda que tiene el Estado venezolano en el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), por lo que durante su intervención recordó que Venezuela vive la crisis de desplazamiento forzado más grande que ha vivido el hemisferio.
“Los retos son tan monumentales que ningún actor puede, o los Estados no pueden, asegurar los derechos solos, sino que hay que seguir empujando la conversación. No solo para repensar las políticas sociales entorno a las personas migrantes, sino pensar alternativas que permitan coordinar con el sector privado, potenciar los apoyos que pueden dar las instituciones financieras internacionales y promover el trabajo que se hace, no solo desde la sociedad civil y desde el sector filantrópico”, agregó la especialista.
Para finalizar, el presidente de la Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia, Oscar Schlenker, consideró que se debe asegurar el bienestar de quienes han salido del país, «y pensar en el grupo que desea retornar y que su retorno sea seguro”.
Asimismo, resaltó que “es importante recalcar que Venezuela aún no se ha arreglado; la desigualdad ha aumentado y con ella las protestas por los servicios públicos».
Shlenker destacó en su ponencia la importancia de visibilizar la situación en el Arco Minero de Venezuela, en el cual la vulneración de los Derechos Humanos es profunda y hasta ahora, a su juicio, no existe respuesta del Estado venezolano para enfrentar esta realidad.
“Son territorios donde organizaciones de la sociedad civil no pueden tener ningún tipo de incidencia para mejorar la situación de las personas expuestas al drama humano y ambiental que ahí se genera. Lo único que podemos hacer es aprovechar estos informes y estas tribunas para alzar la voz y esperar que se tomen riendas en el asunto para mejorar la situación», expresó.
Las declaraciones se generaron en respuesta al Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos.
