El LVI Secretariado Nacional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela llevó a cabo una reunión en el municipio Chacao, estado Miranda, en el que debatieron la pretensión de una modificación de la actual Ley del Ejercicio del Periodismo y del Código de Ética del Periodista por la Asamblea Nacional chavista.
Los días 29 y 30 de julio de 2022 los representantes de la Junta Directiva Nacional, el Tribunal Disciplinario Nacional y los secretarios generales seccionales (o sus representantes) de Aragua, Anzoátegui, Apure-Amazonas, Barinas, Carabobo, Ciudad Guayana, Cojedes, Costa Oriental del Lago, Distrito Capital, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas-Delta Amacuro, Nueva Esparta, Paraguaná, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia se realizó el debate en el que acordaron el rechazo a cualquier modificación que «atente contra los principios fundamentales contenidos en la actual legislación y que vulneren la profesionalización, la independencia y el apego a la ética periodística».
«El LVI Secretariado Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, en nombre de sus más de 25.800 agremiados, distribuidos en sus 26 seccionales en todo el país», acordó:
1.- Rechazar todo tipo de reforma que atente contra los principios fundamentales contenidos en la actual legislación y que vulneren la profesionalización, la independencia y el apego a la ética periodística, así como también a todo intento de alterar, a espaldas del gremio, los instrumentos legales concernientes a la colegialización y a la libertad de expresión.
2.- Ratificar la vigencia del Código de Ética del Periodista Venezolano, reformado en la XV Convención Nacional de 2013 y alertar que ningún ente externo al gremio periodístico tiene competencia para su modificación.
3.- Instar al órgano legislativo en funciones a hacer público el anteproyecto para su deliberación discusión por parte de los entes gremiales, académicos, estudiantiles y de activistas de los Derechos Humanos, puesto que una ley de esta envergadura tiene un efecto transversal en toda la sociedad venezolana.
4.- Invitar a los venezolanos a no llamar «periodistas» a aquellas personas que ilegalmente usurpan nuestro título, ya sea desde los medios alternativos o tradicionales, o desde las plataformas digitales, sino denominarlos difusores o infociudadanos.
5.- Exigirles a los medios de comunicación y a los entes gubernamentales o privados que tengan en sus estructuras cargos con funciones periodísticas a apegarse a la ley vigente, en cuyo Artículo 2 se establece que los periodistas deben ser licenciados en Comunicación Social y deben estar inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas.
6.- Hacer un llamado al Ministerio Público para que actúe contra el ejercicio ilegal de la profesión de periodista, tal como lo ha hecho en otras que se rigen por leyes de ejercicio.
7.- Respaldar el comunicado de la Junta Directiva Nacional del CNP del 15 de julio fijando su posición sobre una posible reforma de la Ley de Ejercicio del Periodismo, en Venezuela.
8.- Exhortar a todos los gremios profesionales del país, a las universidades, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, a los estudiantes y a la sociedad civil en general a sumarse a nuestra causa en defensa de la Ley de Ejercicio de Periodismo, cuya vulneración pondría un ladrillo más en el muro de silencio y de censura que oprime a Venezuela.
9- Recordarles a todos los entes gubernamentales que la ley vigente establece que el CNP tiene que ser consultado como ente orientador de las políticas comunicacionales del Estado venezolano.
En el documento de acuerdo también señalaron que «alertamos a todos los venezolanos del riesgo de perder su derecho a una información veraz, de calidad e independiente, hecha por profesionales de la comunicación social, si esta ley se reforma en las circunstancias anteriormente descritas. Asimismo, les recordamos a nuestros agremiados que tienen la obligación de evitar que se vulneren los principios de un periodismo responsable, ético e independiente, el cual ha tenido en los profesionales académicamente sólidos un bastión de la democracia y de las libertades de expresión, opinión, creación, asociación y conciencia en Venezuela».
