El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este lunes su Informe Anual 2023 número 35, en el que advierte sobre una sistemática vulneración de los derechos humanos en Venezuela bajo la gestión de Nicolás Maduro, que ya suma 10 años en el poder.
Provea denunció que el régimen de Maduro sofocó los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Solo entre 2013 y 2023 se registraron: 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
De acuerdo a los registros de Provea, entre 2013 y 2023, al menos 10.085 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad, la mayoría de estos casos continúan sin ser investigados. Esta crisis ha significado que desde mediados de 2015 diversos mecanismos de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos, sigan con preocupación la crisis en Venezuela y su impacto en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos.
Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos han revelado la existencia de una política o plan de Estado orientado a “promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas encaminadas a causar terror en la población”. Esta advertencia ha sido una de las principales realizadas por la comunidad internacional de los derechos humanos.
Emergencia humanitaria compleja
Provea también denunció que en 10 años de gestión, Maduro impidió un entorno favorable para superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población.
La ONG aseguró que las políticas de Maduro han profundizado una crisis económica que mantiene a la población en pobreza extrema, con más del 45% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo estancado en 130 Bs. (4 USD mensuales) que no cubre las necesidades más básicas de una persona.
A juicio de Provea, el deliberado estancamiento del ingreso mínimo de los trabajadores forma parte de una política asumida por la gestión de Maduro para desalarizar el trabajo, profundizando la precarización del empleo y extinguiendo la capacidad de ahorro de las familias.
El resultado de este panorama de alta inflación, bajos ingresos y débil protección social es devastador, de acuerdo con diversos indicadores que detalla la ONG: solo el 16% de los hogares consume una cantidad suficiente de alimentos; 50,6% dedican casi todo su presupuesto a alimentos, y 45,2% de la población está en inseguridad alimentaria.
En materia de acceso a servicios básicos, las cifras son también alarmantes: 69% de la población sufre severas restricciones para el acceso a agua potable, 61,9% enfrenta graves fallas de electricidad y 49,4% tiene escaso acceso a servicios de transporte.
Entre 2015 y 2022 Venezuela cayó 39 puestos en la medición de Índice de Desarrollo Humano (IDH) que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al cierre de 2022, el organismo registró un IDH de 0,699 lo que sitúa al país en el puesto 119 de 193 países analizados, entre los más bajos de América Latina.
En los últimos años, Venezuela ha sufrido una caída de más del 80% de su Producto Interno Bruto (PIB), una de las mayores contracciones registradas en las últimas décadas a nivel mundial, ocasionando un daño a la capacidad productiva del país.
Además, Provea precisó que, a pesar de las afirmaciones de los voceros oficiales sobre el impacto de las sanciones financieras – impuestas a partir del 2017-, estas fueron posteriores al inicio de la crisis económica que estalló con mayor fuerza desde 2014.
