El Procurador Especial del Gobierno interino, Enrique Sánchez Falcón, acusó este martes a la Dirección Nacional del partido Primero Justicia (PJ de ser «la principal responsable de que no se hayan aprobado recursos para atender el juicio» por el caso de ConocoPhillips en una Corte del Distrito de Columbia.
Mediante un comunicado, Sánchez Falcón acusó a PJ de incurrir en una «manipulación descarada» y calificó como «infundados» los señalamientos de de la tolda amariza que atribuyen al despacho de la Procuraduría Especial la responsabilidad por la sentencia de registro del laudo arbitral que ordena a Venezuela el pago de 8.7 mil millones de dólares, más intereses, por concepto de compensación a la empresa petrolera Conoco Phillips, dictada por la Corte Federal en Washington D. C. el pasado viernes 19 de agosto de 2022, proceso en el cual el Estado venezolano no tuvo defensa presente.
«La Procuraduría Especial, con oficio PER-P-336 del 15 de noviembre de 2021, solicitó a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, presidida, justamente, por un diputado de Primero Justicia, la aprobación del Presupuesto Integral de Litigios, en cuya primera página, en la sexta línea, se requirió la suma de USD 450.000,00, para contratar abogados que nos representaran en ese juicio, porque era obvia la necesidad de preservar los activos de Venezuela en el exterior, en particular CITGO hacia donde, como se sabe, apuntan todas las demandas en contra de nuestros derechos e intereses en esa jurisdicción. Sin embargo, nada hizo la precitada Comisión Permanente, presidida por Primero Justicia, para atender la solicitud de la Procuraduría Especial», denunció Sánchez Falcón.
El abogado representante del Gobierno interino consideró que «de haberse aprobado los recursos solicitados en esa ocasión bien podría haberse acompañado la estrategia, aún vigente, de la solicitud de nulidad del laudo ante el CIADI, con excepciones y defensas pertinentes en el juicio en la Corte del Distrito de Columbia».
En el comunicado se aclara, además, que la firma Curtis, Malet-Prevost, Colt & Mosle nunca tuvo asignado el caso del registro para la ejecución del laudo en jurisdicción de los Estados Unidos, lo cual requería de una contratación aparte.
«En cambio, sus servicios profesionales habían sido contratados para el proceso arbitral que se desarrolló en el CIADI, lo cual -dicho sea de paso- han ejecutado exitosamente al punto de que en este momento se puede afirmar que en ese caso no se ha dicho la última palabra. Por lo tanto, es falso que se haya contratado a esa firma para atender el juicio en Columbia, como también es falso que se le haya entregado una importante suma de dólares a manera de anticipo por los servicios que prestaría. Si hubiéramos hecho esa contratación, se tendría la constancia de ello, pero no existe tal constancia porque esa contratación no se realizó ni nos fueron otorgados recursos para hacerlo, pues esta Procuraduría Especial no contrae compromisos sin tener la disponibilidad presupuestaria», precisó.
Asimismo, el procurador Sánchez Falcón destacó que hay otros casos judiciales «para los cuales se han solicitado recursos y aún no se han aprobado por los obstáculos planteados por Primero Justicia«.
Finalmente, reiteró su disposición para responder a las preguntas que se le formulen sobre su gestión y recordó que la defensa de los activos de Venezuela en el exterior es una tarea conjunta del Gobierno interino y la Asamblea Nacional de 2015.
«Al Ejecutivo le corresponde, por órgano de la Procuraduría Especial, conforme al Estatuto que rige la Transición, llevar los juicios con la mayor eficacia posible, y así se ha estado haciendo. A la Asamblea Nacional se le ha asignado aprobar los recursos requeridos para pagar los honorarios de las firmas de abogados contratadas o que se contraten. Nosotros estamos realizando nuestra tarea, hagan ustedes la que les corresponde», sentenció.
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