La Policía Nacional española ha desarticulado en Valencia un entramado dedicado a la suplantación de identidad y explotación laboral de ciudadanos extranjeros y ha detenido a tres personas, dos de ellas propietarios de una empresa de construcción y la mujer de uno de ellos, como presuntos autores de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores
Los detenidos utilizaban datos de empleados legales para facilitárselos al menos a 83 trabajadores en situación irregular en múltiples obras. Los perjudicados sufrían condiciones de precariedad, cobros en negro y carecían de los derechos reconocidos al resto de la plantilla, aprovechándose los arrestados de su vulnerabilidad.
La investigación, que continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, se inició en agosto del pasado año por parte de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales -UCRIF- de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, tras una denuncia en la Comisaría de Distrito de Abastos.
Percibían 6,50 euros la hora y en negro
En la denuncia, un ciudadano extranjero en situación irregular manifestaba haber trabajado para una empresa de construcción sin contrato ni alta en la Seguridad Social, percibiendo 6,50 euros la hora y cobrando en negro, a pesar de que la mercantil conocía su carencia de permiso de trabajo.
La empresa investigada se dedicaba a proporcionar mano de obra a otras compañías para la ejecución de obras de construcción, según un comunicado de la Policía Nacional, que indica que, según las primeras gestiones, a los trabajadores afectados se les creaba un perfil falso para poder desempeñar su labor.
Los agentes lograron contactar telefónicamente con varios empleados, si bien la mayoría mostró reticencias a denunciar por temor a perder su empleo y sufrir represalias.
La investigación policial, complementada por las actuaciones y el informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, ha permitido destapar ese entramado criminal dirigido a eludir la normativa laboral, de Seguridad Social y de extranjería de forma continuada, al menos desde enero de 2024.
