«Venezuela en cifras 2023» es un informe anual en el que año tras año recaudan estadísticas e incidencias sobre las violaciones e impacto de 14 derechos humanos en el país, los cuales describen la situación general del país.
Estos son los puntos importantes:
En materia económica, el primer tema a tratar fue el derecho al trabajo remunerado y digno que garantiza que todas las personas trabajen en condiciones justas y equitativas, con salarios justos y sin discriminación. En caso de Venezuela se evidencia una gran disparidad entre las remuneraciones del sector privado y el sector público, acentuada por una política gubernamental de congelación salarial en el sector público. Durante el periodo en cuestión, el salario mínimo, incluyendo bonificaciones, fue de aproximadamente US$40 mensuales en el sector público, mientras que en el sector privado el promedio fue de US$202.
El segundo es el derecho a un nivel de vida adecuado, que implica que las personas, los hogares o las comunidades puedan satisfacer sus necesidades básicas de manera sostenible y con dignidad, adaptándose a las necesidades físicas individuales, el entorno y las normas culturales predominantes.
En materia electoral, el derecho al sufragio universal, se observó una distribución geográfica limitada de las Oficinas Regionales para el registro electoral, con solo 24 sedes en 335 municipios, lo cual dificultaba el proceso de inscripción para más de 3 millones de personas. La escasez de oficinas representaba una barrera significativa, especialmente para aquellos en áreas remotas, afectando negativamente la participación ciudadana y creando desigualdades en el ejercicio del derecho al voto.
Al hablar de los servicios públicos, el derecho al acceso servicios básicos es fundamental para que todas las personas puedan utilizar y beneficiarse de servicios esenciales proporcionados por el Estado. El estudio evaluó específicamente los rubros de aseo urbano, electricidad, agua potable y gas en el país.
El estudio evidenció frecuentes interrupciones eléctricas, con el 54,7% de los encuestados experimentando una o más interrupciones diarias. Barinas, San Cristóbal y Mérida reportaron los mayores índices de cortes diarios. La percepción negativa del servicio eléctrico fue predominante, con Barinas, Maracaibo y Mérida encabezando las peores valoraciones. Los principales problemas mencionados fueron las fluctuaciones constantes y el racionamiento del servicio.
Cuando se investigó sobre la salud del venezolano se evaluaron dos derechos fundamentales. El primero fue el derecho al acceso a la atención médica, Venezuela enfrenta serios desafíos en términos de disponibilidad y calidad de servicios. Es crucial que todas las personas puedan acceder a servicios médicos adecuados y suficientes, incluyendo infraestructura, centros de salud, hospitales, personal y recursos médicos esenciales. Y el segundo fue el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud mental implica que todas las personas deben tener acceso a servicios de salud mental adecuados y a un entorno que promueva el bienestar emocional y psicológico, además de prevenir la discriminación y el estigma.
En cuanto al derecho al acceso a la educación, se enfrenta a desafíos significativos que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos. Este derecho, que incluye educación primaria gratuita y obligatoria para todos sin discriminación, así como acceso equitativo a la educación superior, es fundamental para mitigar desigualdades sociales, reducir la pobreza y promover un desarrollo sostenible.
El derecho a la Autonomía Universitaria es un principio fundamental que permite a las instituciones de educación superior gobernar y administrar sus propios asuntos académicos y administrativos sin interferencia externa indebida, enfrenta serias violaciones y desafíos significativos. Durante el período analizado, se han documentado múltiples incidentes que ponen en riesgo este derecho fundamental.
En cuanto al derecho a la identidad y documentación de las personas migrantes venezolanas y el contexto de la migración venezolana hacia diversos países, se ha convertido en un tema crítico y enfrenta serias barreras que afectan a las personas venezolanas en la obtención y mantenimiento de documentos de identificación válidos.
En materia de seguridad personal y a la vida, se investigaron dos derechos muy importantes, el derecho a la protección contra la violencia se registraron un total de 6,973 homicidios en el país, con tasas particularmente alarmantes en el Distrito Capital (50.8 por cada 100,000 habitantes) y en el estado Miranda (41 por cada 100,000 habitantes). Estas cifras reflejan una situación de violencia generalizada y preocupante que afecta a toda la sociedad venezolana. El segundo es el derecho a la protección contra la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, el cual se ve comprometido especialmente entre los presos políticos, quienes frecuentemente son víctimas de estos abusos por parte de las autoridades.
En materia ambiental, el derecho al acceso a un medio ambiente saludable, garantiza las condiciones de vida seguras y sostenibles, esenciales para la realización de otros derechos humanos básicos como la vida, la salud y un nivel de vida adecuado.
El derecho a la libre reunión y asociación, la presencia y proliferación de organizaciones comunales y comunas reflejan un fenómeno de participación ciudadana y autogestión que busca abordar necesidades locales y promover el desarrollo comunitario. Según los datos disponibles, se han registrado 192 organizaciones socio productivas, que se dividen en varias categorías según su función y estructura. Entre ellas, destacan las Empresas de Producción Social Directa y Comunitaria (EPSDC), las Empresas de Producción Social Indirecta y Comunitaria (EPSIC), y las Unidades de Producción Familiar (UPF). Estas entidades no solo buscan generar empleo y producir bienes y servicios para la comunidad, sino también fomentar la participación activa de los ciudadanos en la gestión de sus propios recursos y necesidades.
«En conclusión, las múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela abarcan desde la restricción de la libertad de expresión hasta deficiencias en el acceso a servicios básicos y problemas de seguridad personal. Estas violaciones no solo afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también erosionan la confianza en las instituciones y el sistema de justicia. La situación es crítica y requiere una atención inmediata y efectiva por parte de las autoridades y la comunidad internacional para garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todos los venezolanos», señala la investigación.
A continuación, el informe completo:
