Organizaciones de derechos humanos denunciaron la madrugada de este domingo la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 años, quien permanecía detenido desde el 9 de diciembre de 2025 en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Zona 7, en Boleíta, estado Miranda.
La ONG Voces de la Memoria confirmó el fallecimiento y recordó que Torres era funcionario de la Policía del estado Portuguesa, con más de 20 años de servicio, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare. Fue arrestado por motivos políticos y acusado extraoficialmente de traición a la patria y asociación para delinquir.
“Exigimos que todos los presos políticos sean puestos en libertad de inmediato”, expresó la organización.
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Una muerte que pudo evitarse
La ONG Un Mundo Sin Mordaza también denunció el caso, señalando que Torres murió 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones por parte del Gobierno venezolano.
“Una muerte bajo custodia del Estado que pudo evitarse con las excarcelaciones prometidas”, afirmó la organización.
Según la denuncia, no existe información pública sobre si Torres recibió atención médica oportuna, lo que —advierten— responsabiliza directamente al Estado por su vida e integridad mientras estuvo detenido.
Torres fue arrestado el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen chavista y el gobernador de Portuguesa. Su detención se produjo sin garantías procesales y bajo imputaciones que organizaciones de derechos humanos califican como fabricadas para criminalizar la disidencia.
Un Mundo Sin Mordaza pidió una investigación inmediata, independiente y transparente sobre las circunstancias de la muerte, y reiteró la urgencia de liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos.
“No puede morir nadie más bajo custodia del Estado. La vida de las personas detenidas es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen privadas de libertad”, subrayó la ONG.
La muerte de Torres ocurre en un contexto de creciente presión nacional e internacional para que el régimen venezolano cumpla con las excarcelaciones anunciadas y garantice condiciones mínimas de vida y salud para quienes permanecen detenidos.
