Reconocidos expertos del ámbito jurídico coincidieron en que la investigación de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela debe continuar, así como también aseguran que los trabajos de la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de los esfuerzos infructuosos del régimen de Nicolás Maduro de hacer que se detengan, seguirán en marcha.
En ese aspecto, todos coinciden en que la labor de la Misión ha empujado la cooperación del Estado en cuanto a la reivindicación de las víctimas y sus familiares, por tal razón hay que asegurarse de que el trabajo no se detenga.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dio inicio al foro virtual “Mandato de la oficina de la CPI en Caracas y Extensión del Mandato de la FFM en Venezuela”, donde recalcó la importancia de la investigación a través de los mecanismos de la Misión.
Asimismo insistió en que la instalación de la oficina de la CPI en Venezuela, y dentro de un organismo del Estado, podría ser una buena noticia, ya que de esta manera se puede comprobar sin cabida a dudas la disposición interna para hacer justicia, o al menos llevar a cabo procedimientos que permitan saber que existe voluntad de estar cada vez más cerca de ella (la justicia).
En ese mismo sentido, la extensión de las labores de la Misión de Determinación de los Hechos es de suma importancia, para sustentar esto están las pruebas irrefutables emitidas en los dos últimos informes presentados, que son un “blanco y negro” sobre elementos que podría arrojar competencias de la Corte Penal Intencional, aseguró Humberto Prado, director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (OLACP).
La abogada Michelle Reyes, consultora en Derecho Penal Internacional y ex coordinadora regional para las Américas de la coalición por la CPI, explicó cómo la apertura de las investigaciones de la CPI en Venezuela se da a través de un acuerdo sin precedentes. “Primera vez que se abre con un memorándum de entendimiento de por medio, ha sido un proceso de mucha actividad y una sociedad civil muy activa, esto ayudando a la Corte a determinar los parámetros de principios de complementariedad que se deben cumplir tomando en cuenta las pruebas de cooperación presentadas por el Estado, que se determinaron que no cumplían con los parámetros”.
Este sentido afirma que el trabajo de la CPI se ha facilitado por los aportes de otros organismos, por ejemplo el impacto del primer informe emitido por la Misión, y luego del segundo que puso bajo la lupa el precario estado del sistema judicial, basándose en los elementos de complementariedad en el Estatuto de Roma, el cual tuvo un impacto absoluto por el alejamiento del Estado venezolano del mandato de esta poderosa herramienta de la CPI.
Luego de estas dos fases y dos informes se anunció la lograda cooperación del Estado, siendo este un paso fundamental. “Igual se generaron dudas o temores, pero lograr el compromiso de cooperación es importante, y sobre todo que ese nivel de cooperación pueda continuar», aseguró Carolina Girón.
En ese orden de ideas, se deben analizar varios puntos el alcance del mandato de la Misión, destacando que la falta de inhibición por parte del Fiscal, a pesar de la solicitud del Estado venezolano, permitirá que las investigaciones continúen, siendo esto la mejor noticia para las víctimas a criterio del abogado Fernando Fernández.
Fernández afirmó que es un paso más en el camino a la justicia a pesar de los cambios de “fachada” en los procesos judiciales que han intentando llevar a cabo desde el Estado, tratando de hacerlos ver como una muestra de voluntad como la reforma del COPP.
Para Katya Salazar, directora ejecutiva de la fundación para el debido proceso “DPLF”, la Misión de Determinación de Hechos es un mecanismo fundamental para la documentación de casos de vulneración de DDHH.
Algunos de estos casos han alcanzado el umbral de crímenes de lesa humanidad, siendo esta documentación primordial para promover la rendición de cuentas por parte del Estado venezolano no solo ante la CPI, si no en otras cortes y en otras jurisdicciones. “En estos momentos hay más de 100 casos abiertos por corrupción en Venezuela, en otros países”, puntualizó.
“La obtención de información, todo lo que hemos podido saber sin el trabajo de la Misión no hubiera sido posible, no lo hubiésemos podido tener”, afirmó la abogada Sara Fernández, coordinadora de incidencia internacional del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), haciendo énfasis en la muestra de patrones de violaciones que se llevan a cabo en el país, lo que permitió establecer rutas hacia los culpables y ponerle nombres a los ejecutores.
Podemos dejar a modo de reflexión las palabras de Fernando Fernández: “el hecho de que en Venezuela se esté investigando a los autores inmediatos y directos implica que se reconoce que sí hay hechos criminales muy graves, y representa un acortamiento en el tiempo muy significativo. A Alemania le llevó 20 años hacer justicia a autores directos y 70 a autores indirectos, por eso que se están investigando ya a los autores inmediatos, acorta el camino hacia la justicia en Venezuela”.
