En un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), publicado a finales de julio, queda demostrado que las emergencias causadas por las lluvias en la región andina del país son consecuencia de las malas o nulas políticas estatales en materia de prevención y gestión de riesgos.
«Esto viola el derecho humano a un nivel de vida adecuado, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales», señala el informe presentado.
«Es deber de los Estados, entre otras cosas, garantizar la seguridad jurídica de la vivienda y su asequibilidad; la disponibilidad de servicios indispensables y básicos; que la vivienda sea habitable, con espacio adecuado para sus ocupantes, sin riesgos estructurales y donde estén protegidos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud; que esté construida en un lugar con acceso a opciones de empleo, servicios sanitarios, escuelas y otros servicios sociales, así como en un sitio donde no haya proximidad inmediata a fuentes de contaminación que amenacen el derecho a la salud de los habitantes», destaca.
Agrega que entre abril y julio de este 2022, las lluvias han causado daños en al menos 20 de los 23 municipios de Mérida y en otros de Táchira y Trujillo: 7 personas murieron, cientos de personas damnificadas por pérdida total o parcial de sus viviendas, enseres, vehículos y otros bienes materiales, vías terrestres colapsadas e incontables hectáreas de campos agrícolas anegadas.
Revise aquí el informe completo:
