Un médico especialista recomendó operar a Wilber Garcés, el migrante venezolano detenido en el sur de Texas después de que un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) le disparara en la espalda, para extraerle la bala que aún tiene incrustada en el cuerpo.
Así lo informó este miércoles en una rueda de prensa en San Antonio, Texas, el congresista demócrata Greg Casar, quien visitó este miércoles a Garcés en el centro de detención de Pearsall para conocer su estado de salud y hablar directamente con él.
El legislador aseguró que el migrante, de 28 años, está en una silla de ruedas, tiene un cabestrillo en el brazo izquierdo y la herida, donde penetró la bala, cubierta con gaza en la que se «está acumulando sangre».
A su vez, agregó Casar, Garcés dijo haber estado sufriendo dolor «constante» desde que fue abaleado y solo haber recibido analgésicos orales hasta una hora antes de la visita de Casar, cuando le pusieron una inyección que «lo alivió un poco».
El domingo, después de que Garcés recibiera el disparo por parte de ICE, los servicios de emergencia de Austin lo llevaron a un hospital local. Sin embargo, el centro médico le dio el alta unas tres horas después de admitirlo, con bala aún dentro de su cuerpo.
De ahí, señaló Casar, las autoridades lo trasladaron primero a un centro de procesamiento de ICE en Plugerville, al norte de Austin y luego al centro en Pearsall, donde llegó en la madrugada del lunes.
Según el legislador, Garcés pudo ver al especialista médico hoy en un hospital San Antonio, el cual le recomendó que se le hiciera cirugía para retirarle la bala.
«Obviamente, todos sabemos que una operación tiene sus riesgos y sus beneficios pero si Wilbur y su esposa deciden que la necesita, ICE debe agilizar su atención médica», agregó el político, del ala progresista del partido demócrata.
La visita del legislador a Garcés llega un día después de que un grupo de más de 100 congresista exigiera a ICE la liberación del migrante para que pueda obtener el cuidado médico necesario, al igual que se impidiera su deportación a Venezuela.
Casar insistió hoy en estas exigencias y pidió, a su vez, transparencia sobre la atención médica que recibió Garcés el día del tiroteo.
«A ninguno de los profesionales de la salud con los que he hablado le parece lógico que una persona que recibió un disparo en la espalda, todavía tiene la bala dentro del cuerpo, sigue sangrando y siente un dolor intenso haya recibido el alta hospitalaria menos de cuatro horas después del disparo», indicó y agregó que «alguien con una herida así debería permanecer bajo atención médica».
El Secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, rechazó también hoy en una publicación en la plataforma X las denuncias de Casar y aseguró que los migrantes en centro de detención «reciben una atención de mejor calidad que en la que hay en la mayoría de prisiones donde están recluidos ciudadanos estadounidenses».
La abogada que representa a Garcés, Kate Lincoln-Goldfinch, presentó el lunes una demanda ante una corte federal en la que se solicita su liberación inmediata y suspensión de su deportación y se fijó una audiencia para el 30 de septiembre.
El venezolano entró en Estados Unidos en 2024 mediante la aplicación CBP One, un programa activo durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) que permitía a los migrantes solicitar una cita para presentarse en un puerto de entrada fronterizo y pedir asilo, según su abogada y su familia.
Pese a que presentó una solicitud de asilo, el migrante tiene una orden de deportación en su contra, que fue dictada en ausencia por un juez de inmigración. Según Lincoln-Goldfinch, él no acudió a la audiencia porque la notificación llegó a una dirección antigua, pese a que había informado al Gobierno de su cambio de domicilio. EFE
