El abogado y profesor universitario Joel García aseguró que la creación de una comisión para cambiar el Poder Judicial tiene como objetivo intentar evitar la apertura de una investigación contra altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional (CPI).
“Emprender una revolución profunda y acelerada del sistema judicial ordenó Nicolás Maduro al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y a su propia esposa, Cilia Flores, el pasado 21 de junio durante un encuentro con las autoridades del chavismo en el marco de un Consejo de Estado», expresó García en una entrevista publicada por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
El anuncio, que según explicó Nicolás Maduro, tiene el objetivo de acabar con el hacinamiento en las cárceles del país, es el sexto que se produce en los 22 años que el proceso revolucionario lleva en el poder y se da en el marco de un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y luego de los reiterados informes tanto de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para DDHH, Michelle Bachelet como de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
La comisión deberá entregar un conjunto de propuestas en un lapso de 60 días, pero para el abogado Joel García, el anuncio no es más que una puesta en escena para dar la impresión de que el Estado venezolano está actuando para enfrentar los casos de violaciones de DDHH, pero estima que esto no es suficiente.
“Tenemos hacinamiento, jueces Incompetentes, y falta de independencia y autonomía del Poder Judicial. Hay que tener en cuenta cómo han actuado todo este tiempo. Basta ver cómo se eligieron y nombraron a esos magistrados al finalizar aquel período de la Asamblea Nacional (2015), cuando ni siquiera un Comité de Postulaciones estaba estructurado. En el año 1999-2000 se estableció una comisión de reestructuración en la que estaban Elio Gómez Grillo, Manuel Quijada. (El TSJ) actuó desde 2000 a 2021, y ahora se habla de una revolución judicial”, explicó García.
A su juicio, el anuncio tiene que ver mucho con lo que está pasando en la CPI, y consiste en cambiar la narrativa con respecto a los casos emblemáticos que han sido sustentados ante la Fiscalía del organismo, como la tortura y asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo y del concejal Fernando Albán, así como el asesinato del estudiante Juan Pernalete.
“Es una puesta en escena para decir que en Venezuela hay toda la intención la disposición para transformar el sistema de justicia y que los responsables de esos delitos que se documentaron ante la CPI, ellos los van a juzgar en Venezuela”, afirmó.
—¿Cree que lo hacen para lavarse la cara? ¿Podría evitar la apertura de una investigación?
—No creo que lo puedan hacer (evitar la investigación), porque, si bien es cierto que la CPI trabaja bajo el principio de complementariedad, artículo 1 del Estatuto de Roma establece el principio, que es que ellos se verán en la necesidad de actuar si y solo sí en el país de los hechos no pueden o no quieren investigar los hechos. El problema de Venezuela está en que en Venezuela esos graves delitos que se denunciaron ante la CPI quienes cometieron esos delitos, no lo hicieron motu proprio.
“No fue que un funcionario equis se antojó de matar a Fernando Albán, quien, así como en el caso de Acosta Arévalo, estaba a cargo de una institución policial. Luego el fiscal salió diciendo que estaba allí por un delito y sostuvo que se había suicidado y, además, amenazó diciendo que el que dijera que no se había suicidado iba a pagar las consecuencias”, recordó.
En opinión de Joel García, el sistema está podrido. “No es el policía que practicó una detención arbitraria, es que un director de ese cuerpo lo ordenó y no porque le dio la gana, es porque alguien del Poder Ejecutivo lo ordenó y giró instrucciones al Ministerio Público (MP) y a los jueces, porque no es posible que estemos en esta situación con más de 300 presos políticos entre civiles y militares sin el concurso y la complicidad necesaria del cuerpo policial, el MP y de los jueces de la República”.
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