Tras cumplirse una semana del doblete sísmico del 24 de junio, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) presentó este jueves el informe «El Estado abdicó su deber de proteger», una radiografía técnica, jurídica y ética sobre la respuesta institucional del régimen chavista ante la emergencia, que concluye que el Estado venezolano «ha abdicado de su principio rector fundamental: el amparo de sus ciudadanos».
El documento, dirigido a medios de comunicación, agencias internacionales, actores humanitarios y a la sociedad civil, articula cuatro ejes centrales de denuncia.
El primero es la paradoja de un Estado inoperante: capaz de ejercer coacción táctica pero con «nula articulación logística» para asistir a las víctimas. Respaldado por cifras de ACNUR, el informe señala que un 39% de los desplazados quedó a la intemperie, evidenciando la ausencia de refugios con estándares mínimos de dignidad. Al 1° de julio, el balance oficial registra 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, aunque estimaciones propias del gobierno sugieren que las víctimas fatales podrían alcanzar las 10.000 personas.
El segundo eje es la depredación burocrática y la extorsión institucional: el informe denuncia la burocratización extrema que impidió el acceso de rescatistas voluntarios locales y expone la exigencia de pagos ilícitos de hasta 1.000 dólares a familiares para la entrega de cadáveres identificados, configurando lo que JEP denomina «una claudicación moral de las instituciones».
El tercer eje es la censura como agravante del daño humano: el bloqueo informativo y la opacidad en las cifras oficiales son tipificados no solo como violación a la libertad de expresión, sino como «un riesgo civil que aísla a las víctimas, torpedea el auxilio internacional y genera caos logístico en la distribución de la ayuda humanitaria».
El cuarto eje es el marco jurídico vulnerado: el informe recuerda que recibir ayuda humanitaria «es un derecho inalienable de la víctima y procurarla es un mandato imperativo e indelegable del Estado», citando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y resoluciones de la ONU que obligan al Estado a facilitar la cooperación internacional «de manera transparente y sin condiciones políticas».
Frente al abandono institucional, JEP reconoce la «voluntad y empatía incondicional del pueblo venezolano» como la verdadera red de contención, y reafirma su compromiso de documentar y denunciar las violaciones «para evitar que la narrativa oficial y la censura sepulten la memoria de los afectados y la responsabilidad institucional».
