En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) alertó que entre enero y abril de 2025 se documentaron 95 violaciones contra la libertad de expresión en el país, confirmando que informar sigue siendo una labor arriesgada frente a un Estado decidido a controlar el flujo de información.
«Las restricciones en internet fueron la forma de censura más frecuente, con 32 casos documentados. Estas incluyeron bloqueos selectivos y ataques de suplantación de identidad, que impidieron el acceso a contenidos críticos y vulneraron el derecho de la ciudadanía a estar informada. Este tipo de obstáculos digitales confirman un patrón sostenido de control estatal sobre el ecosistema informativo en línea», indicó Ipys Venezuela en su página web.
Señaló que «la violencia contra la prensa se mantiene como una herramienta de represión. En este período, se registraron 18 agresiones físicas y verbales contra periodistas, medios y ciudadanos que ejercen su derecho a expresarse. A ello se suma la persistencia del discurso estigmatizante, con 16 incidentes protagonizados por figuras públicas y medios oficiales que deslegitiman y criminalizan a periodistas y medios independientes, creando un entorno de hostilidad y persecución».
«El hostigamiento judicial también continúa presente y se contabilizaron 6 casos en los que el sistema de justicia fue instrumentalizado para intimidar y castigar a trabajadores de la prensa. Las demandas, citaciones arbitrarias y procesos judiciales sin garantías se utilizan como mecanismos para desmovilizar el periodismo crítico», afirmó.
Destacó que «uno de los indicadores más alarmantes del deterioro de las libertades informativas en 2025 es el incremento de periodistas encarcelados. Hasta la fecha, 14 comunicadores permanecen privados arbitrariamente de libertad, de los cuales 9 fueron detenidos en estos primeros cuatro meses del año. Casos como los de Nakary Mena Ramos, periodista de Impacto Venezuela, y Rory Branker, editor de La Patilla, ilustran la gravedad del contexto. Ramos fue detenida junto a su esposo, el camarógrafo Gianni González, tras publicar un reportaje sobre la inseguridad en Caracas. Ambos fueron acusados formalmente por “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”. Mientras tanto, Rory Branker permanece en condición de desaparición forzada desde su detención por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 20 de febrero, acusado públicamente de extorsión e información falsa sin pruebas ni garantías procesales claras».
Aseveró que «el balance del primer cuatrimestre de 2025 revela así una continuidad de las prácticas represivas respecto a 2024, año en el que IPYS Venezuela documentó 383 casos que derivaron en 571 violaciones a las libertades informativas«.
«En un país donde el acceso a fuentes oficiales está restringido y los periodistas enfrentan amenazas constantes, el ejercicio del periodismo se ha convertido en una labor de resistencia. Esta situación genera zonas de silencio informativo que afectan el derecho de la ciudadanía a conocer su realidad», finalizó la organización.
