En tan solo una semana, entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2024, IPyS Venezuela registró 79 vulneraciones a la libertad de prensa, comprendidas en 62 casos relacionados con coberturas del tema electoral o de las manifestaciones ciudadanas desarrolladas en el país. Esta documentación es alarmante, debido a que pone en evidencia un recrudecimiento del patrón sistemático de represión y control sobre la información de interés público en Venezuela.
La cobertura periodística del proceso electoral se tornó más riesgosa cuando la atención de la opinión pública se concentró en las manifestaciones ciudadanas en contra de los resultados oficiales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro y, mucho más, cuando muchas de estas protestas fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Altos funcionarios del oficialismo emitieron señalamientos contra la prensa independiente y equipararon la cobertura periodística de las manifestaciones ciudadanas antigubernamentales con delitos graves como incitación al odio.
Las violaciones documentadas incluyen agresiones físicas o verbales (30); hechos de discurso estigmatizante (18); detenciones (7); medidas de censura (7); restricciones en internet (7); restricciones administrativas (6); actos de hostigamiento judicial (3) y restricciones de acceso a la información (1). Estas formas de persecución subrayan la urgente necesidad de proteger a las personas periodistas independientes que están en el país, pues se está poniendo en peligro su vida e integridad personal.
Trujillo fue la entidad con más casos denunciados (6), con agresiones a periodistas durante coberturas en la calle y mensajes estigmatizantes por parte del gobernador y un alcalde, seguida por el Área Metropolitana de Caracas (3). Los demás incidentes ocurrieron en Amazonas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia (con dos cada uno), y en Anzoátegui, Apure, Barinas, Mérida, Miranda, Portuguesa y Yaracuy (uno en cada uno). Asimismo, en entornos digitales y transmisiones nacionales de televisión se registraron 25 hechos, 13 de ellos vinculados a comentarios y campañas de descrédito y criminalización contra quienes informan.
Estas violaciones afectaron a 44 reporteros, siete corresponsales extranjeros, tres camarógrafos, tres directivos de medios y una reportera gráfica, así como dos periodistas y dirigentes políticos, de los cuales 37 son hombres y 23 son mujeres.
Los principales responsables estatales de estas vulneraciones fueron los cuerpos de seguridad del Estado, implicados en 20 casos, principalmente en detenciones. Les siguen actuaciones de las gobernaciones y sus dependencias (6) y las alcaldías y sus dependencias (4), con mensajes estigmatizantes contra la prensa. Otros victimarios fueron las personas no identificadas y desconocidos en las redes sociales, con 12 casos, así como los proveedores de internet, responsables de seis bloqueos a sitios web. NDP
