El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Gustavo Tarre Briceño afirmó que Nicolás Maduro hará todo lo posible para que en el 2024, año de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, los venezolanos no puedan elegir y así estaría copiando el modelo de Daniel Ortega en Nicaragua.
«Cara al futuro, Maduro hará todo lo posible para que los venezolanos no podamos elegir en el 2024. Su compinche Daniel Ortega le ha enseñado el camino», indicó Tarre Briceño este sábado.
«La Constitución venezolana en sus Principios Fundamentales (artículo 5) establece que ‘la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente o indirectamente’. Luego el artículo 6 pauta que el Gobierno de la República ‘es y será siempre’ democrático, participativo y electivo. En base a estos principios, la Carta Fundamental desarrolla, a partir del artículo 71, las diversas modalidades de referendo popular y en el artículo 72 la figura del referendo revocatorio», señaló.
A su juicio, «toda restricción puesta al ejercicio de la soberanía popular es una evidente violación de la Constitución, pues no puede autoridad alguna poner trabas al ejercicio de un derecho que ella consagra. Eso es lo que han hecho y siguen haciendo sistemáticamente el TSJ y el CNE. No puede ninguno de estos organismos restringir una manifestación de la voluntad popular estableciendo límites exiguos y absurdos para la recolección de las firmas; habilitando locales de difícil acceso y en número insuficiente para efectuarlas y cuya ubicación los ciudadanos desconocen, ni imponer requisitos de difícil cumplimiento. El espíritu participativo de la Constitución ha sido manifiestamente descartado y en su lugar se han aprobado normas que sólo buscan hacer imposible dar inicio a los procesos referendarios».
Agregó que «basta examinar las regulaciones internacionales para la recolección de firmas para constatar la manera antidemocrática con la que el chavismo-madurismo, a través de la subordinación de los órganos del Estado, ha logrado, y ahora impide, que el rechazo del pueblo a la dictadura de Nicolás Maduro se exprese por las vías constitucionales«.
Cerca de veinte democracias del mundo contemplan la posibilidad de revocar a sus funcionarios electivos. Tomemos el caso de México, país amigo de la dictadura venezolana y sede de las negociaciones entre la usurpación y el Gobierno legítimo. Allí existe una Ley Federal de Revocación de Mandato que le brinda a los electores todas las garantías para expresar su voluntad de revocar al Presidente o a quienes ejercen cargos de elección popular.
Tarre Briceño coloca como ejemplo el caso de México y el proceso revocatorio impulsado por el propio López Obrador. «El Presidente López Obrador, aunque pueda parecer extraño, ha impulsado un referendo revocatorio en su contra. Lo que intenta el Mandatario mexicano es obtener un fuerte respaldo del pueblo a su mandato y utiliza para ello la Ley antes señalada. Algunos han dicho que se trata de un referendo “ratificatorio”. En todo caso, lo que busca la legislación mexicana es que el pueblo pueda expresar su voluntad».
«Veamos cómo opera la recolección de firmas en México y como se realizó el proceso que culminó el pasado 15 de diciembre: 1) Las firmas se recogen en cualquier lugar y la recolección está a cargo de los promotores de la consulta; 2) El Instituto Nacional de Elecciones (el CNE mexicano) se limita a hacer entrega a los promotores de la consulta, de un modelo de planilla, de un formato, para que puedan los electores expresar su voluntad. Pueden hacerlo en físico o a través de medios electrónicos. Lo más usual es que la firma y la foto del solicitante sea recogida utilizando un teléfono celular; 3) El plazo para recoger la firma del 3% de los electores es de 45 días. En Venezuela se pretende establecer el despropósito de un plazo de un día para que firme el 20 % de los electores. En Suiza, para usar otro ejemplo, se establece un plazo de seis meses para le recolección; 4) Hay garantía absoluta para que todos los electores mexicanos que no residen en el territorio nacional puedan firmar y luego votar, y 5) La única función de la autoridad electoral es verificar si las firmas corresponden a electores debidamente registrados y contarlas».
Ante tal situación, insiste en que «el Consejo Nacional Electoral venezolano está en la obligación de aprobar normas que desarrollen los mandatos constitucionales. No puede, en ningún caso establecer restricciones al ejercicio de los derechos políticos».
«La lucha de todos los venezolanos debe dirigirse a la obtención de normas que regulen los procesos electorales y referendarios que sean conformes al texto, al espíritu de la constitución y a las prácticas democráticas internacionales. No podemos contentarnos con menos y no pueden los rectores del CNE pretender que los venezolanos nos conformemos con migajas», aseguró.
Recalcó que «Maduro le tiene pánico a la expresión de la voluntad de los venezolanos. Las elecciones regionales del 21 de noviembre fueron una clara expresión de ese miedo. La elección del Gobernador de Barinas fue para el dictador una campanada de alerta y por ello hace ahora todo lo que haga falta para impedir el ejercicio del derecho a la revocación de su mandato. ¿Qué dirá Josep Borrell?».
