Familiares de los presos que estaban en la cárcel de Yare I, estado Miranda, afirmaron a la ONG Una Ventana a la Libertad que -antes del cierre anunciado por el ministerio de Servicios Penitenciarios del régimen- tenían que pagar a los pranes 3 dólares semanales para desplazarse por todo el recinto carcelario y 70 dólares a las autoridades para gozar de algunas ventajas, como ver televisión y no ser trasladados.
«A mi hermano, los pranes le estaban cobrando 3 dólares semanales para dejarlo desplazarse por todo el recinto carcelario», relató un familiar.
Otro privado de libertad le pidió en alguna oportunidad «que consiguiera dinero para gozar de comodidades en la cárcel de Yare I, como, por ejemplo, ver televisión. El pago era 70 dólares. Se cancelaba una sola vez, al ingresar al penal. Ese monto les garantizaba, además, que no serían trasladados a otras cárceles. Ese dinero no era para los pranes, sino, presuntamente, para las autoridades».
Destaca la ONG que la cárcel Yare I «era la única de las tres que existen en el Complejo Penitenciario Metropolitano que no estaba bajo la modalidad del Régimen Penitenciario, el cual establece que los presos reciban capacitación laboral, participen en actividades de grupo supervisadas, utilicen uniformes y no estén armados».
El pasado 6 de febrero la ministra de Servicios Penitenciarios Mirelys Contreras confirmó el desalojo completo del centro de reclusión “en completa tranquilidad»; sin embargo, no dio detalles de los motivos que llevaron a la clausura ni el destino de los población penal que permanecían detenidos allí.
Con información de Una Ventana a la Libertad
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