El régimen de Nicolás Maduro será sometido este martes 25 de enero al Examen Periódico Universal (EPU), que realiza el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, para analizar la situación de los derechos fundamentales en el país.
Durante el examen, el gobierno venezolano deberá responder a preguntas realizadas por diversos países, para evaluar el cumplimiento de recomendaciones previas del Consejo. Entre las interrogantes que han enviado previamente algunos países, destacan las relacionadas con los derechos de las mujeres y las personas LGBTI+.
Suecia, por ejemplo, preguntó «¿Qué medidas se han tomado para prevenir los delitos de odio contra miembros de la comunidad LGBTIQ?»
Estados Unidos expresó que «preocupan los continuos ataques contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI+); aumento de la violencia de género; y la discriminación contra las personas con discapacidad y los miembros de grupos étnicos minoritarios y comunidades indígenas».
Ante ello, la delegación estadounidense cuestionó «¿Qué ha hecho el régimen para prevenir tales ataques, mejorar el acceso a la justicia y combatir la discriminación contra estos grupos? ¿Qué esfuerzos ha hecho el régimen para brindar servicios a las mujeres víctimas de violencia de género, que va en aumento en Venezuela?«.
Liechtenstein, por su parte, consultó «¿Qué medidas ha tomado Venezuela para implementar las recomendaciones de Liechtenstein del ciclo anterior del EPU que han sido aceptadas por Venezuela?», entre ellas la 133.139 que sugería «intensificar los esfuerzos destinados a aplicar plenamente la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, coordinar los programas y las instituciones que combaten la violencia contra la mujer y combatir de manera efectiva todas las formas de violencia contra la mujer».
Finalmente, Eslovenia preguntó qué medidas ha adoptado el Estado venezolano para «reducir la mortalidad materna y la grave escasez de medicamentos y tratamientos, así como el impacto (desproporcionado y diferenciado) de la crisis en los derechos humanos de las mujeres y las niñas».
Asimismo, solicitó información sobre si se ha avanzado hacia «despenalizar el aborto al menos en caso de violación, incesto, inviabilidad del feto y cuando el embarazo represente un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada».
