Las ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y Madres en Defensa de la Verdad 2024 denunciaron este domingo la muerte del preso político Lindomar Jesús Amaro Bustamante, de 27 años, quien se encontraba bajo custodia del régimen de Maduro en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón.
«Madres y familiares denuncian la muerte de Lindomar Jesús Amaro Bustamante, joven de 27 años (Cédula de Identidad 26.950.192), ocurrida este sábado 3 de mayo en la cárcel de Tocorón, estado Aragua. Lindomar fue detenido en el contexto poselectoral por funcionarios de la PNB en Cojedes mientras se dirigía a su vivienda en moto. La causa reportada fue ahorcamiento dentro de su celda«, detalla el Clippve en su cuenta en la red social X.
Agrega que «con la muerte de Lindomar, ya son al menos seis las personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano entre 2024 y lo que va de 2025, confirmando una política de abandono e impunidad dentro del sistema penitenciario».
«Reiteradamente se ha denunciado el sufrimiento extremo de los jóvenes detenidos tras el 28J, muchos en Tocorón, sometidos a condiciones inhumanas, tortura, intentos de suicidio, crisis nerviosas e incomunicación. Todo ello responde a un patrón que busca quebrar su resistencia y silenciar a sus familiares mediante miedo y represalias. Amigos de Lindomar, quienes lo acompañaron durante su encierro, habrían recibido su cuerpo la mañana de este domingo 4 de mayo para trasladarlo a Cojedes, su estado natal, donde fue enterrado de manera exprés esta misma tarde. Su familia, de escasos recursos, no pudo visitarlo durante los nueve meses de reclusión por no contar con los medios para trasladarse. Esta tragedia expone con crudeza la injusticia y la desigualdad que enfrentan las víctimas más vulnerables», detalla la ONG.
Reitera la exigencia al régimen de Maduro: «garantizar la integridad de todos los detenidos, así como investigar esta muerte y todas las ocurridas bajo custodia, sancionando a los responsables, entre ellos el actual director del penal, Juan Carlos Quezada, señalado por familiares como uno de los principales responsables de las condiciones infrahumanas«, así como también «la libertad inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas en Tocorón, su desocupación total y clausura definitiva, al tratarse de un centro donde imperan prácticas sistemáticas de tortura y violaciones a los derechos humanos».
«Hacemos un llamado a las distintas instancias de las Naciones Unidas, en especial al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, al Relator sobre la Tortura y a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, para que promuevan una investigación internacional e independiente, de oficio, que lleve a juicio a los responsables de estas graves violaciones».
Por su parte, la ONG Madres en Defensa de la Verdad 2024 emitió un comunicado ante la muerte de Bustamante: