La cuestionada Asamblea Nacional chavista (AN) aprobó este jueves una ley que castiga con penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas el régimen de Nicolás Maduro.
La ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’, que deberá ser firmada por Maduro para su entrada en vigor, incluye también inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos «delitos», lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan «promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de «acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos» contra el régimen.
A las personas señaladas por estas acciones se les impondrá la misma condena e igual penalización económica, pagada en bolívares, y con la tasa del euro como referencia, al ser más alta que la del dólar.
Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela» también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales.
Este nuevo marco legal también define como «acciones que ponen en riesgo la soberanía» el desconocimiento a la legitimidad de los poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que «simulen» representar el poder público.
Además, se crea un registro nacional de personas bajo «presunción fundada» de incurrir en todas estas acciones, quienes corren el riesgo de que sus activos sean congelados, que se les prohíba hacer operaciones de compra y venta o, en el caso de extranjeros, de ser expulsados del país y sometidos a una «extinción de dominio» para que el Estado le despoje de bienes en el territorio nacional.
Con información de EFE
