Amnistía Internacional (AI) denunció que los Estados colombiano y peruano son los grandes ausentes a la hora de garantizar, proteger y respetar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres refugiadas venezolanas, quienes enfrentan violencia basada en género en todos ámbitos de la vida.
En un nuevo informe, titulado «Desprotegidas: Violencia de Género Contra Mujeres Venezolanas Refugiadas en Colombia y Perú», Amnistía documentó la falta de protección para en estos países.
“La protección contra la violencia de género debería ser una prioridad de todos los Estados en las Américas, así como la protección de quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países de origen. En el caso de las mujeres refugiadas venezolanas, estás más bien enfrentan una doble y brutal desprotección, como lo revela nuestro informe sobre la situación en Colombia y Perú,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El nuevo informe muestra cómo las mujeres venezolanas refugiadas, que representan el 50% y el 58% de la población venezolana en Colombia y Perú respectivamente, enfrentan violencia y discriminación en todos los espacios de sus vidas por su género y nacionalidad. En el espacio público, las agresiones ocurren tanto en las rutas migratorias como en sus lugares de residencia. En el ámbito familiar, enfrentan violencia económica, patrimonial, física y sexual, predominantemente de sus parejas o exparejas. Y en cuanto al entorno laboral, sufren diversas formas de violencia y explotación laboral, incluida la cooptación para trabajo con fines de explotación sexual.
Ante esta violencia omnipresente, Amnistía Internacional concluye que los Estados colombiano y peruano claramente no cumplen con su obligación de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres refugiadas venezolanas, ni de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género.
“Muchas mujeres venezolanas, víctimas de violencia machista y cuyas vidas están en riesgo, prefieren no denunciar por temor a ser expulsadas del país, debido a su estatus de documentación. La situación de violencia y vulnerabilidad que enfrentan se agrava por la ausencia de protocolos especializados para atenderlas y protegerlas. La regularización migratoria es un paso fundamental para que puedan denunciar las violencias que enfrentan”, sostuvo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Según cifras oficiales, la violencia de género contra mujeres refugiadas venezolanas en Colombia aumentó un 71% entre 2018 y 2021, y en Perú un 31% entre 2019 y 2021. La xenofobia, el estatus migratorio, los mitos sobre la inseguridad provocada por personas extranjeras, los prejuicios relacionados con la sexualidad percibida de las mujeres, aunado a los roles de género preestablecidos socialmente, aumentan la vulnerabilidad de mujeres venezolanas refugiadas.
