Un grupo de 27 militares recluidos en el Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, ubicado en Charallave, estado Miranda, iniciaron una huelga hambre para exigir una reunión con el director de dicho recinto, debido a que sienten que corren peligro, debido a que han recibido amenazas de secuestro por parte de otros presos.
En este recinto permanecen 87 personas privadas de libertad, entre ellos 52 detenidos por delitos comunes que están clasificados con uniforme azul, 8 funcionarios policiales que tienen uniforme amarillo y 27 militares que llevan uniforme rojo.
Familiares relataron a la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que 32 presos se encontraban en las cárceles de Tocuyito y Tocorón, pero fueron trasladados cuando ambos recintos fueron desalojados. Ellos ya se encontraban en el Cenapromil-Charallave cuando llegaron los militares, y en septiembre llegaron 20 presos más provenientes del estado Barinas. A este último grupo los ubicaron en una celda frente a otros civiles, donde presuntamente hay un brote de tuberculosis.
«Los familiares informan que al no recibir asistencia ni tratamiento médico, a pesar de haber protagonizado varias protestas, los presos sociales presuntamente amenazan con arremeter contra los militares y funcionarios policiales si no reciben respuestas inmediatas. Es por ello que los pariente de los militares piden al Coronel José Bello, quien funge como director de este recinto, que escuche a los privados de libertad y evite una confrontación entre los internos, así como también que tome las medidas necesarias para restablecer las condiciones de infraestructura de reclusión y termine con la constante violación de derechos humanos de los que son víctimas», señala la organización.
Explicaron que «este recinto militar comenzó a ser construido hace al menos dos años pero no ha sido concluido, ni siquiera tienen servicio eléctrico. Hay pocas paredes y no cuentan con un techo de concreto, solo sobreviven entre barrotes, lo que hace parecer a este sitio como una jaula gigante, en la que además se mojan cuando llueve, porque si bien el techo está recubierto con láminas como un galpón, el agua entra por los costados».
«Las celdas son compartidas hasta por doce personas y dentro de cada una de ellas hay una letrina, un tubo que utilizan como ducha y un lavamanos. Los pisos son rústicos y las camas son de cemento, donde duermen como pueden los ocho policías porque el resto de la población tiene colchonetas. Por si fuera poco, el agua que reciben no es apta para el consumo humano, es de color marrón pero no tienen otra opción que consumirla. Como consecuencia, abundan las enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas que se tienen que curar ellos mismos por carecer de servicio médico y medicinas», relataron los familiares.
Indicaron que, «apesar que les dan tres comidas diarias, éstas no cumplen con las calorías requeridas para una alimentación adecuada. La comida es la misma bazofia que se suministra en el resto de las cárceles venezolanas: no ingieren proteínas, grasas, lípidos y frutas; por el contrario, sobreviven con arepa de harina amarilla, granos, arroz y pasta».
«Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones hacemos un llamado al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que insten al Ministerio de la Defensa, que está a cargo del Cenapromil-Charallave, para que restablezca los derechos humanos que tienen todas las personas privadas de libertad, establecidas en normas nacionales e internacionales (Reglas Mandela). Estamos informando al Comisionado Edgar Stuardo Rolón Orellana, Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT)», destacó la ONG en su comunicado.
Con información de Observatorio Venezolano de Prisiones
