La prensa cubana sufre de una «represión constante», el «control de las telecomunicaciones» y vive «el mayor éxodo de la historia», según un informe aprobado este domingo durante la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En el documento se denuncia que los periodistas de la isla son objeto de un constante «hostigamiento» y «amenazas» por parte de un «andamiaje represivo contra la libertad de prensa» de la dictadura.
En muchos casos, esto se traduce en citaciones policiales y, en el peor escenario, en el encarcelamiento, según la SIP.
La organización recuerda que el periodista y activista cubano Lázaro Yuri Valle Roca –detenido desde junio de 2021– fue condenado a 5 años de prisión por los delitos de «propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia» y se encuentra recluido a pesar de su «grave estado de salud», de acuerdo con la asociación.
Estas sanciones serán reforzadas, de acuerdo con la organización, en el nuevo Código Penal -aprobado el pasado mayo- que entrará en vigor el 1 de diciembre. En él se «persiguen todos los aspectos de la labor periodística, castiga con prisión al autor de cualquier crítica a funcionarios estatales y garantiza impunidad a las autoridades».
Una de las penas que contempla el Código es de 10 años de cárcel por la «recepción, el uso y la posesión de fondos provenientes del extranjero», lo que limitaría al máximo la financiación de los medios fuera de la burbuja estatal.
Por otro lado, los reporteros que no son detenidos son objeto de «citación policial, cerco en su casa, y corte de internet», agrega la SIP.
El arresto domiciliar sin mandato judicial «puede durar de algunas horas a varias semanas». El Gobierno, de igual manera, presiona a los propietarios de casas para que desalojen a sus inquilinos cuando se trata de periodistas críticos, como la fotógrafa María Lucía Expósito.
Otra forma de represión, destaca el informe, son las multas elevadas a comunicadores. Ismario Rodríguez fue sancionado con 4.000 pesos (166,6 dólares) por «actividad económica ilícita, justificación para castigar a quienes hacen periodismo sin permiso».
Se trata de un caso similar al de la periodista Camila Acosta -con una sanción de 1.000 pesos- por «desorden público», «acusada de intentar cubrir las protestas del 11 de julio de 2021».
En el informe también figura el papel de la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (Etecsa). La red de internet «es espiada y censurada» y, en muchas ocasiones, bloqueada durante hechos como las protestas antigubernamentales del 11J.
Además, la SIP hace hincapié en que el «monopolio estatal (…) mantiene bloqueadas decenas de websites de medios de prensa independientes y de diferentes ONG relacionadas con los derechos humanos».
Según destacó la SIP, «unos 20 reporteros, fotógrafos e ilustradores renunciaron a trabajar en la prensa independiente tras prohibírseles a seis de ellos viajar a un evento». El texto hace alusión al caso del medio El Toque.
Además de los periodistas de la prensa independiente cubana, el informe repasa situaciones como el despido de «Armando Franco, director de la revista oficial Alma Mater, por publicar información sobre detenidos» el 11J.
De igual forma, «miembros acreditados en Cuba» de las agencias internacionales «AP, Reuters y EFE denunciaron limitaciones a su labor».
Con información de EFE
