El Panel de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir órdenes de aprehensión contra perpetradores de nivel medio y alto para evitar que continúe la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«El Panel ha concluido que Venezuela no cumple sus obligaciones en cuanto a la rendición de cuentas. La intervención de la Fiscalía del a CPI es esencia para que se puedan judicializar los delitos y los crímenes de lesa humanidad que suceden en Venezeuela. En consecuencia la recomendación del Panel es que la Fiscalía de la CPI de forma urgente participe de forma más profunda para examinar la naturaleza de estos delitos constantes y que abra investigaciones en contra de personas específicas y que haga avanzar estas causas ante la Corte para que haya órdenes de aprehensión», señaló la experta Joanna Frivet, quien fue asistente del Fiscal en la CPI y asesora de organizaciones internacionales de derechos humanos por más de diez años.
En la presentación del informe estuvieron presentes Santiago Cantón, Manuel Ventura y Joanna Frivet, miembros del Panel, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, Rodrigo Diamanti, secretario del Panel y miembros y representantes de la sociedad civil venezolana. Víctimas y familiares asistieron para compartir con los miembros del Panel y los presentes, su sufrimiento por los crímenes de lesa humanidad cometidos en su contra, así como sus experiencias respecto a la rendición de cuentas a nivel nacional.
El informe subraya que el Estado venezolano no ha investigado ni enjuiciado a ningún responsable de nivel medio o alto por los crímenes de lesa humanidad cometidos. También indica que el Estado ha tratado los hechos como incidentes aislados, obviando la presencia de una política estatal de persecución generalizada y sistemática y ha procurado la impunidad de facto respecto a los crímenes de encarcelamiento, persecución y violencia sexual. Esto, debido a que la persecución y el encarcelamiento han sido ignorados por la Fiscalía venezolana, a pesar de estar entre los crímenes más denunciados desde 2014.
El Panel también encontró que los actos de violencia sexual han sido tratados, internamente, como un agravante de otros delitos, lo que demuestra un desprecio por el trauma y los derechos de las víctimas.
El Panel, luego de evaluar el sistema de justicia venezolano, señaló en su informe que de la muestra representativa de 183 casos que analizó, confirmó que el Estado venezolano solo concluyó 12 juicios, lo que representa un alarmantemente 6%, en los cuales las sentencias obtenidas no reflejaron la gravedad de los hechos, ni el contexto generalizado y sistemático y, en todo caso, sólo determinaron la responsabilidad de autores directos de bajo nivel, evidenciándose el uso de figuras jurídicas para atenuar la responsabilidad de estos. Además, en el 52,5% de los casos, el Estado no ha iniciado ningún tipo de proceso judicial, lo que evidenció que la impunidad generalizada deja a la inmensa mayoría de víctimas de crímenes de lesa humanidad sin expectativas de justicia en un contexto de violencia sistemática y continuada, orquestada por el Estado contra la población civil. En el resto de los casos investigados, la evaluación del Panel concluyó que la mayoría de los casos no tenían autores identificados y experimentaron retrasos significativos derivados de factores endémicos como la ausencia de separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, así como la política asumida por la Fiscalía venezolana.
Además, el informe refleja graves irregularidades cometidas por los órganos auxiliares de la investigación y por el Ministerio Público venezolano. También evidencia que las víctimas fueron maltratadas y amenazadas durante el proceso judicial y que faltan mecanismos reales de protección para las víctimas, así como transparencia en el Poder Judicial venezolano.
En consecuencia, el Panel concluye que la impunidad impera respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, lo que propicia la continua comisión de crímenes, toda vez que los responsables actúan sin temor a ser reprendidos. Esto queda en evidencia con los últimos actos cometidos por parte del Estado venezolano en la víspera de las elecciones presidenciales, que van desde amedrentamientos e inhabilitaciones políticas hasta el encarcelamiento y la tortura de líderes de la oposición, sus equipos de trabajo, sus familiares, periodistas, defensores de derechos humanos y en general, contra todo aquel que sea percibido como parte de la oposición política.
