El Gobierno de Panamá anunciará este viernes «acciones operativas migratorias» en medio de la crisis que afronta en el Darién, la peligrosa selva que conecta al sur del continente con Centroamérica y por la que este año han llegado al país más de 350.000 viajeros que se dirigen principalmente a Estados Unidos.
Este anuncio tendrá lugar después de que el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, afirmó días atrás que los países suramericanos han «dado la espalda» a la crisis migratoria, que se traduce para Panamá en un problema no solo humanitario sino también de seguridad.
Las autoridades de Panamá, al igual que su vecino del norte, Costa Rica, abogan por una «mejor administración» de los flujos migratorios que evite, por ejemplo, la llegada de hasta 5.000 personas por día a territorio panameño, una visión que choca con la de libre tránsito que tiene su vecino del sur, Colombia, como han señalado funcionarios de los dos países centroamericanos.
Aunque los nacionales de países suramericanos, sobre todo venezolanos, y caribeños, son el grueso de los migrantes, a la jungla del Darién, la frontera natural con Colombia, llegan indocumentados de más de medio centenar de naciones del mundo movidos por redes transnacionales y tras cruzar varios países del sur.
El Tapón de Darién es un parque nacional panameño de 575.000 hectáreas. Los migrantes, entre ellos familias enteras con niños, en muchos casos bebés, caminan un trayecto de 266 kilómetros plagado de peligros tanto por el entorno salvaje como por la presencia de grupos criminales que cometen todo tipo de delitos.
Por tratarse de una jungla tropical llena de trochas, las autoridades panameñas han dicho que es imposible cerrar la frontera del Darién, como han planteado de forma reiterada algunos sectores políticos de este país centroamericano que carece de Ejército.
La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, dijo el pasado 28 de agosto que se evaluaban «medidas» como «endurecer multas» o el uso de «vuelos chárter» para devolver a los migrantes irregulares a sus respectivos países, aunque esto dependía de coordinaciones diplomáticas, y descartó por «tediosa y muy costosa» la deportación.
Con información de EFE
