La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó este miércoles al gobierno de Chile a “detener inmediatamente los planes de expulsiones colectivas de migrantes”, quienes tienen derecho a permanecer en el país mientras se evalúa su situación, según dictan las normas internacionales de derechos humanos.
“Las deportaciones de migrantes no pueden ser efectuadas en forma sumaria, sino que se requiere una determinación individual, caso por caso, de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta además las consideraciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares u otras que puedan existir”, señaló el Relator Especial sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.
En un comunicado, la organización asegura que, de acuerdo a la información que ellos manejan, cientos de personas migrantes han sido expulsadas del país desde febrero de 2021 sin que se efectuara previamente una determinación individual genuina de la situación de cada persona ni se permitiera presentar solicitudes para su protección en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados
“La última de estas expulsiones tuvo lugar el pasado 25 de abril, fecha en la que 55 personas migrantes procedentes de Venezuela habrían sido expulsadas de manera colectiva desde el aeropuerto de la ciudad de Iquique, en el norte del país. Previa su expulsión, muchas de las personas migrantes habrían permanecido detenidas, en situación de incomunicación y sin acceso a la asistencia legal”, explica el texto.
Al respecto, Felipe González resaltó que “la detención de personas migrantes solo se justifica excepcionalmente como medida de último recurso y durante el período de tiempo más breve posible, y debe ser compatible con los principios de necesidad y proporcionalidad en función de las circunstancias individuales de cada caso”.
Por último, la ONU reitera el llamado a los Estados a considerar “suspender temporalmente las deportaciones o retornos forzados de migrantes en el contexto de pandemia de la Covid-19, por representar un serio peligro tanto para las personas migrantes como para la salud pública cuando no se toman las debidas precauciones sanitarias y de seguridad”.
