La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, afirmó este viernes que el Gobierno «demandará que Venezuela cumpla sus responsabilidades» en el marco de la investigación por el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero pasado en Santiago, y cuya autoría y circunstancias aún no se han esclarecido.
«No lo hacemos cándidamente, lo hacemos sabiendo que nos asiste la razón, nos asiste el derecho y nos asisten los tratados firmados por ambos países en esta materia. Lo decía recién y lo voy a repetir: esto es muy importante para Chile, pero también es importante para Venezuela», afirmó.
Por su parte, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, confirmó minutos más tarde en una rueda de prensa que el Ministerio Público emitió una orden de asistencia penal internacional, con el fin de que Venezuela colabore en el esclarecimiento del crimen del exmilitar de dicho país.
«Si el Gobierno venezolano no responde o no colabora, Chile tendrá que evaluar las medidas a tomar», apuntó Monsalve.
Las autoridades chilenas reaccionaron después de que la prensa difundiera este viernes unas declaraciones del fiscal, Héctor Barros, en un programa de la televisión chilena en el que insistía en que la hipótesis que se maneja desde el principio es que fue un acto político orquestado desde el país caribeño, aunque sin aportar pruebas.
«Hasta el momento no tengo otros antecedentes que nos demuestren o que nos indique hacia otro lado. En este caso, nosotros hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de él en la comisión de algún ilícito, por lo tanto, la única tesis que queda vigente es la que usted indica”, respondió en el documental el fiscal Barros a la pregunta del periodista sobre si había un móvil político.
“Nosotros sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”, agregó el fiscal, antes de eludir su respuesta a si podría ser obra del crimen organizado de algún servicio de inteligencia conectado con Venezuela.
En este contexto, Tohá resaltó que «los aspectos internacionales» de la investigación «van a tomar un rol determinante» en los próximos días, tanto desde el Ministerio Público se aseguró haber descartado líneas investigativas como el autosecuestro o el secuestro extorsivo, fortaleciendo la hipótesis de un crimen político.
«En virtud de eso, vamos a poner todos los instrumentos que tenemos a disposición al servicio del esfuerzo de hacer justicia en este caso, apoyando a la Fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional, a través de gestiones diplomáticas, contactos con las autoridades (venezolanas), y también participación con una voz muy clara y firme en los foros internacionales, demandando la colaboración del Gobierno venezolano en el esfuerzo de esta investigación», señaló Tohá.
De acuerdo a lo conocido hasta ahora, Ojeda habría sido sacado de su casa la noche del 21 de febrero, casi desnudo, por un grupo de personas vestidas con uniformes de la Policía y conducido hacia un lugar desconocido. Su cuerpo fue hallado en una comuna del sur de Santiago días después, debajo de un bloque de cemento, a unos 1,4 metros de profundidad.
Las declaraciones de la ministra se dan en medio del llamado a consultas por parte del presidente chileno, Gabriel Boric, al embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, en protesta por unas recientes declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, que negaban la existencia de la organización criminal transrregional ‘El tren de Aragua’, nacida en las calles de Venezuela. EFE
