La dictadura cubana anunció este martes nuevas normas que flexibilizan la importación, venta y la traspaso de la propiedad de los vehículos de motor, remolques y semirremolques.
El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó a medios estatales que las disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial en esta fecha, forman parte de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas recientemente por el Partido Comunista (PCC, único legal) y el Gobierno, que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla.
Indicó que las normas incluyen los Decretos 122 y 163, que se completan con varias resoluciones de organismos estatales relacionadas con importadores, comercializadoras, precios, impuestos, requisitos técnicos y procedimientos aduaneros.
Entre las novedades -que entrarán en vigor el próximo 11 de agosto- figuran la ampliación de la cantidad de comercializadoras autorizadas, la eliminación del límite de compra de seis vehículos en cinco años para personas naturales y jurídicas en esas comercializadoras.
Asimismo se permitirá la adquisición de vehículos nuevos o de uso en comercializadoras por parte de extranjeros con residencia temporal, provisional o inmobiliaria, así como la importación directa por personas naturales, sin carácter comercial, de triciclos de combustión de hasta 250 centímetros cúbicos y de vehículos eléctricos acompañados de sistemas de carga con fuentes renovables.
Las normativas establecen que las operaciones de compraventa entre particulares deben formalizarse ante notario, a través de cuentas y medios de pago autorizados por el Banco Central de Cuba (BCC) como las tarjetas internacionales y las tarjetas nacionales, en moneda convertible o nacional, pero excluye el pago en efectivo.
Los impuestos se podrán pagar en pesos cubanos o en la moneda convertible utilizada para formalizar la operación, según la elección del contribuyente y se tendrá en cuenta la tasa oficial.
También contemplan la posibilidad de autorizar a personas jurídicas no estatales a ensamblar y comercializar vehículos eléctricos de las clases ciclomotor, motocicleta, triciclos y autos.
Además autorizan de manera regulada el ensamblaje y fabricación por parte de entidades estatales o mixtas autorizadas, y se crea el Comité Evaluador de Medios Automotores para aprobar marcas y modelos aptos para el mercado nacional.
El ministro de transporte refirió que los vehículos eléctricos adquiridos junto a sus estaciones de carga con fuentes renovables de energía, estarán exentos del pago del impuesto especial de venta como incentivo a la transformación de la matriz energética nacional.
Expuso que para favorecer la recuperación del transporte público, uno de los sectores más afectados en la isla, se reducirá el impuesto especial aplicado a ómnibus y microbuses: del 20 % al 12 %. Si son ensamblados en el país del 7 % y el 5 %, si son eléctricos.
Como datos adicionales, informó que en este año hasta el pasado junio se han vendido en la isla 35.494 vehículos de motor -el 65 % de combustión, el 5 % híbridos y el 30 % eléctricos- y cerca del 70% fueron ciclomotores, motocicletas y triciclos.
En cuanto a las importaciones realizadas directamente por las personas como equipaje no acompañado o envío, refirió 41.963 vehículos de motor, de ellos 19.443 ciclomotores y motocicletas eléctricas y 22.520 ciclomotores y motocicletas de combustión.
El paquete de medidas aprobadas el pasado junio y en proceso de implementación incluyen nuevas modalidades de negocios para el sector privado, y proponen dinamizar el comercio exterior, la inversión extranjera directa y el sector turístico, otorgar el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales.
Las reformas llegan en un contexto en el que la economía cubana se ha contraído un 15 % entre 2020 y 2025 por la combinación de la pandemia, el endurecimiento de la sanciones estadounidenses y las fallidas medidas internas en materia monetaria y económica.
La situación se ha agravado de forma marcada a partir de enero pasado, cuando EE.UU. redobló las presiones sobre la isla con un cerco petrolero y una serie de sanciones secundarias que afectan directamente a entidades extranjeras. EFE
