La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este viernes autorizar la apelación solicitada por la defensa del expresidente filipino Rodrigo Duterte contra la decisión que lo declaró apto para participar en la fase preliminar del juicio en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su «guerra contra las drogas» en Filipinas.
La Sala de Cuestiones Preliminares desestimó los cuatro motivos invocados por la defensa para impugnar la decisión adoptada el pasado enero, en la que se concluyó que Duterte está en condiciones de intervenir en las actuaciones previas a la eventual confirmación de cargos en su contra, unas audiencias que está programado que comiencen el 23 de febrero.
La defensa sostenía que los jueces incurrieron en “errores de hecho y de derecho al ignorar pruebas clínicas sobre la supuesta falta de aptitud” del exmandatario, al rechazar la celebración de una audiencia para examinar a los expertos médicos, “no exponer de forma coherente su razonamiento” y no “considerar el impacto de su conclusión” en la capacidad de Duterte para ser juzgado más adelante.
Los jueces rechazaron hoy que se hubieran ignorado los informes médicos presentados por la defensa y señalaron que dichos documentos sirvieron precisamente de base para pedir un examen médico independiente, y fueron considerados por un panel de tres expertos designado por la Corte.
La Sala explicó que decidió basarse en las conclusiones de ese panel independiente para garantizar la “imparcialidad y neutralidad” de la evaluación médica.
Respecto a la negativa de interrogar a los expertos en una audiencia, los jueces indicaron que ya habían analizado “las supuestas contradicciones entre los informes” médicos y concluyeron que las conclusiones del panel “eran fiables”.
Además, la Sala defendió que expuso con claridad “el estándar jurídico aplicable” y que evaluó de forma detallada la información médica disponible antes de concluir que Duterte puede “ejercer de forma efectiva sus derechos procesales” y que es “apto para participar en la fase preliminar”.
Sobre el cuarto argumento, relativo a la eventual capacidad del exmandatario filipino para afrontar en el futuro un juicio por el contenido de los cargos, la Sala consideró que se trata de una cuestión “hipotética”, dado que aún no se ha decidido si los cargos serán confirmados.
Además, precisó que su decisión “no prejuzga la aptitud” de Duterte para ser juzgado en el futuro y que esta cuestión podría revisarse si fuera necesario si llegan a confirmarse los cargos.
Duterte fue detenido en marzo del año pasado en Manila por una orden de arresto de la CPI, y fue trasladado inmediatamente a La Haya.
La audiencia de confirmación de cargos estaba prevista inicialmente para septiembre, pero fue aplazada por objeciones de la defensa.
Está acusado de asesinato y tentativa de asesinato así como de crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto durante su etapa como alcalde de Davao como durante su presidencia de Filipinas.
EFE
