La Corte Penal Internacional (CPI) denunció este viernes que el incidente de ciberseguridad que detectó hace cinco semanas era un «ataque dirigido y sofisticado con el objetivo de espionaje» y un «intento grave de socavar el mandato» del tribunal, y anunció que ha reforzado la protección de sus sistemas informáticos.
Según explicó en un comunicado, la CPI ha realizado «serios esfuerzos» para abordar este ataque, que calificó de un «grave incidente de ciberseguridad», y asegura que «tan pronto como se confirmó el incidente, se tomaron medidas para mitigar sus efectos iniciando una respuesta inmediata» con el apoyo de Países Bajos, el Estado anfitrión, y expertos externos.
«Las pruebas disponibles hasta el momento indican que fue un ataque dirigido y sofisticado con el objetivo de espionaje. Por lo tanto, el ataque puede interpretarse como un intento grave de socavar el mandato de la Corte», denunció.
Sin embargo, subraya que con «la información disponible actualmente», el tribunal «no puede confirmar quién es el responsable del ataque» y las autoridades neerlandesas están llevando a cabo una investigación penal para determinar la autoría y origen del ciberataque.
El tribunal asegura que está acelerando una serie de medidas destinadas a mejorar la seguridad digital, pero anticipa su temor a que los posibles atacantes «lancen campañas de desinformación dirigidas a la CPI y sus funcionarios en un esfuerzo por empañar la imagen de la CPI y deslegitimar sus actividades».
Aunque no menciona explícitamente a ningún país, la CPI subraya que este ciberataque ha tenido lugar en un momento de «preocupación por la seguridad» de los funcionarios del tribunal.
«Se han iniciado procesos penales contra varios funcionarios electos, incluidos jueces de la Corte y el fiscal; la Corte ha sufrido recientemente intentos diarios y persistentes de atacar y perturbar sus sistemas; y evitó un intento casi exitoso de infiltrar en la Corte a un oficial de inteligencia hostil haciéndolo pasar por becario», señala en la nota.
La CPI emitió en marzo una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin, y contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, acusados de crímenes de guerra en Ucrania por deportar niños ucranianos a territorio ruso.
En respuesta, Rusia emitió tres órdenes de arresto contra funcionarios de la CPI: el fiscal Karim Khan, quien investiga los presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania, y los magistrados Tomoko Akane y Salvatore Aitala, que firmaron las órdenes de arresto contra Putin y Lvova-Belova.
Frente a los ataques de Moscú, que llegó a amenazar con «el empleo preciso de un misil hipersónico Ónix lanzado por un buque ruso desde el mar del Norte contra la sede del Tribunal de La Haya», sus países miembros reafirmaron su «apoyo inquebrantable» a una «institución judicial independiente e imparcial».
Además, el año pasado los servicios de inteligencia neerlandeses (AIVD) impidieron que un espía ruso que trabaja para el servicio de inteligencia militar (GRU) se infiltrara como becario en la CPI, usando una identidad falsa brasileña para entrar a Países Bajos.
Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra en el país desde la invasión rusa.
EFE
