La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las violaciones a los derechos fundamentales denunciadas en el contexto del cierre de las elecciones generales en Nicaragua realizadas el 7 de noviembre.
Mediante un comunicado, la CIDH instó al Estado nicaragüense a cesar las detenciones arbitrarias, asedios y hostigamiento en contra de personas y organizaciones de oposición política al régimen de Daniel Ortega y restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos.
Según la información recibida por la CIDH, por lo menos 23 personas habrían sido detenidas arbitrariamente en nueve departamentos entre el 5 y 7 de noviembre, sin orden de captura y sin brindar información a familiares, indicándoles que debían esperar 48 horas para recibir información adicional. Además, integrantes de los ex Consejos del Poder Ciudadano (CPC) habrían visitado viviendas, llamando a votar por el partido de Gobierno, como forma de intimidación.
Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) observó con preocupación los múltiples reportes sobre restricciones a la libertad de prensa en el contexto de la jornada electoral.
Con posterioridad a las elecciones, la Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) recibieron información sobre funcionarias y funcionarios públicos que habrían sido obligados a ejercer su voto a favor de Daniel Ortega, así como a enviar constancia de participación en los comicios mediante fotografías o la muestra del dedo manchado con tinta indeleble por la votación, bajo amenaza de despido.
Se conoció también sobre la detención de un líder estudiantil; así como represalias en contra de personas que no habrían mostrado prueba de haber votado como el dedo manchado con tinta indeleble. En particular, a las y los estudiantes de medicina se les habría prohibido el ingreso a universidades públicas y privadas y a hospitales donde realizan sus prácticas como forma de retaliación; lo mismo habría ocurrido con el personal médico de hospitales públicos que en algunos casos, fueron despedidos.
La CIDH también expresó su preocupación respecto del discurso de Daniel Ortega transmitido en cadena nacional el día 8 de noviembre, en el que se refirió de forma ofensiva e intimidante a las más de 30 personas privadas de la libertad en el contexto electoral, indicando que por sus acciones no deberían ser considerados nicaragüenses, y enviadas a otro país.
«Este tipo de declaraciones contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, lo que, a su vez, podría ser mayor riesgo para la vida e integridad, en especial, de aquellas que permanecen bajo custodia estatal», denunció la CIDH
Finalmente, la Comisión urgió al Estado de Nicaragua a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, a cesar los ataques en contra de opositores, y toda acción que afecte los derechos de periodistas y a los medios de información. Asimismo, el Estado debe restablecer el goce pleno de todos los derechos civiles y políticos, así como las garantías y libertades fundamentales.
