Un juez ordenó este viernes la detención preventiva por cinco meses de dos dirigentes cercanos al exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) acusados de terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir por su participación en el reciente bloqueo de caminos que duró 24 días.
La medida judicial realizada en una audiencia virtual afecta a Humberto Claros y Ramiro Cucho, por lo que ambos deberán cumplir el dictamen del juez Heber Torrejón por separado en dos cárceles del departamento occidental de La Paz.
La Fiscalía exigió que ambos dirigentes cumplan una reclusión preventiva de seis meses en un penal de máxima seguridad, lo que fue objetado por la defensa que solicitó la aplicación de un arraigo, fianza y detención domiciliaria como garantías de acatamiento del proceso.
Claros y Cucho, pertenecientes de las organizaciones oficialistas afines a Morales, fueron capturados el miércoles durante operativos que se realizaron en Cochabamba (centro) y Potosí (sudoeste), respectivamente.
Los dos dirigentes están señalados de comandar los bloqueos de carreteras que quitaron la conexión terrestre entre el oriente y el occidente del país, mientras que el Gobierno de Luis Arce denunció que en la protesta se identificó gente armada y que hubo agresiones a policías y periodistas.
Por este caso, las autoridades bolivianas también buscan al dirigente campesino Ponciano Santos y a Juan Ramón Quintana, quien fue ministro de la Presidencia en el Gobierno de Morales.
Asimismo, en los últimos días los agentes de la Policía realizaron varios allanamientos La Paz, Potosí y en la región oriental de Santa Cruz con la finalidad de encontrar más elementos sobre la investigación.
Morales y Arce están distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado, la necesidad de renovar la dirección nacional del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones generales de 2025.
Recientemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictó una sentencia que confirma que Morales no puede ser candidato presidencial nuevamente al ya haber cumplido tres periodos de Gobierno (2006-2009, 2010-2014 y 20115-2019).
Mientras que el jueves, esa misma instancia quitó el liderazgo del MAS a Morales, quien estuvo al frente de ese partido por casi tres décadas, y se lo otorgó a las organizaciones sociales afines al Ejecutivo de Arce que en un congreso en mayo pasado en El Alto eligieron a Grover García como nuevo líder.
La pelea en el oficialismo se ahondó después de que se conociera una investigación penal contra Morales en un caso de trata de personas y estupro que el exgobernante considera que es una «persecución política» para dejarlo fuera de la contienda electoral.
Por esta investigación, los seguidores de Morales bloquearon carreteras en el centro del país durante 24 días, en los que sumaron otras demandas, como la habilitación de la candidatura del político, soluciones a problemas económicos, la renuncia de Arce y el adelantamiento de las elecciones.
El Gobierno calculó que las pérdidas económicas por los bloqueos superan los 2.109 millones de dólares. EFE
