El vicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni, señaló este vienes que, si el próximo 10 de enero no se concreta un traspaso de poderes al candidato opositor «legítimamente electo» en Venezuela, «el régimen» de Nicolás Maduro, «estaría terminando por consolidar una nueva dictadura» en la región.
En su intervención durante la XXIX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrolla en la ciudad ecuatoriana de Cuenca (sur), se refirió a la poca asistencia de líderes de la región.
Convocada bajo el lema ‘Innovación, inclusión y sostenibilidad’, a la cumbre sólo asistieron el presidente anfitrión, Daniel Noboa, el rey de España, Felipe VI, el gobernante de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot.
Por primera vez hubo también hasta tres sillas vacías, correspondientes a México, Nicaragua y Venezuela, que mantienen relaciones rotas con Ecuador.
«Lamentamos que hoy no estemos todos los países aquí presentes, porque si bien muchas veces estos foros pueden ser criticados por una sensación de escasos resultados, si algo siguen siendo, es un espacio donde podemos hablarnos de frente y para eso debemos estar todos», dijo Albertoni.
Por ejemplo, reiteró que para Uruguay «habría sido importante poder decirle nuevamente a Venezuela, de frente, que es imperioso que retome la senda democrática y que si el 10 de enero próximo no hay un traspaso de poder el candidato opositor legítimamente electo (Edmundo González Urrutia), el régimen estaría terminando por consolidar una nueva dictadura en nuestra región».
El vicecanciller uruguayo resaltó aquello, no solamente por una cuestión política -dijo- «sino también porque el plan de trabajo que nos propusimos en el marco de esta cumbre de fortalecer la innovación, la inclusión y la sustentabilidad, son difíciles de aplicar sin una base institucional y democrática que la sostenga».
La XXIX Cumbre Iberoamericana concluyó sin una declaración oficial ante la falta de consenso debido a la negativa de Argentina a suscribir acciones para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y para avanzar la Agenda 2030, en materia de cambio climático, mientras que Cuba se opuso a aprobar cualquier declaración que no incluyera una condena al embargo que sufre por parte de Estados Unidos.
