Hungría se ha convertido en el país más corrupto de la Unión Europea (UE), según la ONG Transparencia Internacional (TI) en su informe anual sobre la percepción de la corrupción.
La ONG anticorrupción vincula la constante caída de Hungría en el índice que elabora -este año se sitúa en el puesto 77, donde comparte posición con Burkina Faso y Kuwait– a la falta de controles debido al debilitamiento del Estado de derecho.
«La posición de Hungría, como última en la UE, puede considerarse la conclusión final de un proceso de más de una década de erradicación del Estado de derecho, de la captura del Estado y del desarrollo de una corrupción sistemática», asegura hoy la TI de Hungría en un comunicado.
Hungría superó este año a Bulgaria, que había sido el colista del índice entre los países de la UE.
Desde que llegó al poder en 2010, el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán ha tenido numerosos conflictos con la UE por el debilitamiento de la separación de poderes, la libertad de prensa y el trato a las minorías, entre otras cuestiones.
Según Transparencia Internacional, el Estado en Hungría ha sido capturado por el Gobierno, ya que también controla las entidades que originalmente deberían supervisar su actuación, como la Fiscalía, la Auditoría Nacional o la Oficina de Impuestos.
En sus recientes negociaciones con la Comisión Europea (CE) sobre los fondos de cohesión y de reconstrucción que Bruselas ha congelado, el Gobierno de Orbán ha prometido una serie de reformas anticorrupción.
La TI opina que estas reformas no son adecuadas para restaurar el Estado de Derecho, pero reconoce que sí suponen las medidas anticorrupción más importante de los últimos 12 años.
Bruselas ha congelado los fondos de cohesión y de reconstrucción postcovid de Hungría por la deriva democrática y la corrupción, pidiendo medidas efectivas para proteger el uso adecuado de los fondos europeos.
La CE retiene a Hungría 22.000 millones de euros en fondos de cohesión que le corresponden hasta que haya garantizado que los programas para utilizarlos respetan la Carta europea de Derechos Fundamentales en materia de independencia judicial, leyes educativas, libertad académica y derecho al asilo y corrupción.
EFE
