El fiscal general, Paulo Gonet, pidió este martes a la Corte Suprema que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros siete acusados sean declarados culpables de cinco delitos contra el orden democrático, aunque no llegó a sugerir una pena, que pudiera llegar a 40 años de cárcel.
La Fiscalía General «espera que el juicio acepte la procedencia de la acusación producida», dijo Gonet tras presentar los cargos por golpismo frente a los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte, donde se celebra el proceso penal cuya fase final comenzó este martes.
Aseguró que todo fue «debidamente constatado» y «ratificado» por muchos de los 52 testigos escuchados por el tribunal durante la fase de instrucción.
Gonet presentó un pormenorizado relato sobre la actividad de lo que calificó como «organización criminal», que tenía el objetivo de «desconocer la voluntad popular» e impedir que el progresista Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras derrotar a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.
«Las pruebas de la acusación resultan de testimonios y documentos que bastan para afirmar la convicción segura de prácticas repudiadas por la legislación penal», afirmó Gonet, quien agregó que «el golpe no se consumó porque no tuvo la adhesión de los jefes del Ejército y la Aeronáutica», que se negaron a respaldar la ruptura democrática.
Según el fiscal, «el grupo liderado por el presidente Bolsonaro y compuesto por figuras claves del Gobierno, las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático de ataque a las instituciones democráticas con la finalidad de impedir la alternancia legítima del poder».
La preparación de un «proyecto autoritario de poder»
Afirmó que «desde 2021 se adoptó la táctica de generar un clima de desconfianza en las instituciones democráticas» y en favor de un «proyecto autoritario de poder» y «con fines de golpe», en alusión a una dura campaña contra el sistema electoral del país que Bolsonaro encabezó desde el Gobierno.
En su relato, citó manifestaciones convocadas por el líder de la ultraderecha contra las autoridades judiciales y electorales, que pretendían «incitar a una rebelión popular» frente a las elecciones y tomaron forma tras la victoria de Lula en octubre de 2022.
El fiscal responsabilizó a Bolsonaro por las protestas tras las elecciones y por los campamentos frente a cuarteles del Ejército en los que se exigía un golpe para impedir la investidura de Lula.
Sostuvo que, además, la investigación desveló un intercambio de mensajes «constante» entre algunos acusados, todos del entorno más íntimo de Bolsonaro, y los «líderes» de esas protestas, en los que los revoltosos eran animados a «mantenerse firmes y no ceder».
Según Gonet, eso condujo a los sucesos del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio Supremo en Brasilia, exigiendo una «intervención militar» para derrocar al Gobierno elegido en las urnas.
Tras la presentación del fiscal, tendrán la palabra los abogados de los ocho acusados, que dispondrán de una hora cada uno para exponer sus alegatos.
Según las previsiones del tribunal, esa fase concluirá este miércoles y el juicio quedará entonces listo para una sentencia que deberá ser dictada durante tres sesiones que se celebrarán la semana próxima, los días 9, 10 y 12 de septiembre.
En esta primera audiencia, sólo está presente uno de los reos: el general de la reserva Paulo Sérgio Nogueira, quien fue ministro de Defensa durante la gestión de Bolsonaro.
El líder de la ultraderecha, de 70 años y quien está en prisión domiciliaria, alegó motivos de salud y ni siquiera solicitó la autorización que requeriría para asistir a estas sesiones.
EFE
