El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, llamó a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, en respuesta a la nota emitida por el régimen de Daniel Ortega en el que acusó al Gobierno español de «intromisión» en los asuntos de Nicaragua.
«El Gobierno de España rechaza de manera tajante el contenido de la nota remitida en el día de ayer por la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política», señaló un comunicado emitido por la cancillería española.
En el texto se asegura que «las decisiones adoptadas por el gobierno de Nicaragua para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, junto con la aprobación de un marco legal regresivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados«.
Finalmente, destacan el agudizamiento de la crisis política, económica y social en Nicaragua «como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes»
