El número de personas capturadas en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, tildadas de presos políticos, ascendió a 155 este septiembre, informó este viernes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un observatorio cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De los 155 presos políticos, 145 fueron capturados a raíz del estallido social de abril de 2018, mientras que diez ya guardaban prisión desde antes, indicó el Mecanismo.
Entre los presos se encuentran diez mujeres, dos de ellas bajo régimen de casa por cárcel.
Ocho opositores al régimen del presidente Daniel Ortega fueron arrestados entre el 12 de agosto y el 23 de septiembre de este año, dos de los cuales recuperaron su libertad, mientras que seis continúan encarcelados, según el informe.
En la lista aparecen los 37 líderes opositores y profesionales independientes capturados en la ola de arrestos ocurrida en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega busca una nueva reelección.
Entre esos detenidos están siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, altos funcionarios de gobiernos anteriores y ex guerrilleros sandinistas, entre otros.
De acuerdo con las estadísticas del Mecanismo, el número de presos políticos en Nicaragua se incrementó en 51 con respecto a septiembre de 2020, cuando la lista era de 94.
El número de reos podría ser mayor, ya que en el listado solamente se incluyen a las personas presas políticas de quienes se obtuvo autorización de sus familiares para su publicación, indicó la fuente.
Actualmente 12 presos políticos permanecen en celdas de máxima seguridad, seis en calabozos de castigo, y seis en aislamiento, detalló.
El Mecanismo señaló que el incremento de presos políticos refleja que “continúa el patrón de detención y criminalización en contra de liderazgos políticos y de sociedad civil. Así como también en contra de personas excarceladas políticas, muchas de las cuales se han visto forzadas a salir al exilio”.
El informe también recogió denuncias de organismos defensores de los derechos humanos sobre supuestos malos tratos y torturas en prisión, incluyendo la negativa a derechos como “permisos especiales en circunstancias de duelo, atención psicológica, atención ante síntomas de COVID-19, libertad de culto y de alimentación adecuada”.
“La salud física y mental de este grupo de personas encarceladas en condiciones diferenciadas se ve más expuesta debido a los estados de insalubridad, falta de ventilación y aislamiento total. También los familiares de las personas presas políticas han denunciado que durante las visitas experimentan mayor vigilancia, requisas e incluso amenazas”, subrayó el informe.
El Mecanismo está conformado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, familiares de presos políticos y excarcelados políticos, abogados defensores, y redes territoriales de información.
