La dictadura de Daniel Ortega anuló este jueves la personalidad jurídica de 18 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas una española y otra estadounidense, por supuestamente incumplir la legislación de carácter financiero, y ordenó expropiar sus bienes.
La disolución de las 16 organizaciones nacionales fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, y las dos extranjeras por la directora de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), Franya Urey Blandón, según informó el Diario Oficial La Gaceta.
La estadounidense Supply Hope y la española Asociación Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá no reportaron supuestamente «estados financieros del período 2020 a 2022», por lo que «el ente regulador desconoce quiénes son sus directivos (y) si los fondos que recibían eran acorde a sus fines y objetivos», según La Gaceta.
Así las autoridades del régimen resolvieron «cancelar los registros y números perpetuos asignados a los 2 organismos de otras nacionalidades» y sobre «el destino de los bienes muebles e inmuebles«, anotó, corresponderá «a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua».
El Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá se fundó en 1994 en Andalucía y, según su página web, en la actualidad está presente en esa región y en Mozambique, donde llevan a cabo «procesos alternativos» de apoyo en el ámbito educativo, cultural, social, político y económico.
En Nicaragua habían contado con proyectos, entre otros, en comunidades rurales en el municipio de Esquipulas, en el departamento de Matagalpa, donde fortalecían «el derecho a la salud» de familias vulnerables, apoyando a cerca de 500 de estas familias.
La labor de la estadounidense Supply Hope se centraba en el desarrollo de oportunidades a través de microfranquicias, pequeños negocios con los familias de bajos recursos lograban un sustento. Según su web, solo operaban en Nicaragua.
En el caso de las 16 ONG nicaragüenses, las autoridades cancelaron su personalidad jurídica y confiscaron sus bienes porque «no reportaron por períodos de entre 3 hasta 27 años sus estados financieros», por lo que «no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines».
Entre esas 16 organizaciones hay varias de carácter religioso, como la Fundación Cristiana Niños Joyas de Cristo; la Asociación Iglesia de Dios en Cristo Jesús; Fundación Visión Nuevo Sol, Dios con Nosotros o la Asociación Misión el Poder del Espíritu Santo Fe, Esperanza y Amor.
Con información de EFE
