El gobernador de Florida, Ron Desantis, dijo este jueves estar «orgulloso» de haber puesto en el primer plano del debate público la crisis migratoria estadounidense con el polémico envío la semana pasada de 48 indocumentados venezolanos a la isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
Durante una rueda de prensa en Miami, el republicano expresó que de haber avisado previamente a las autoridades de ese estado en el noreste de EE.UU. sobre el próximo envió de dos aviones chárter con unos 50 venezolanos a bordo la controversia no hubiera disminuido.
Manifestó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha trasladado a inmigrantes por diferentes comunidades del país «sin previo aviso», y volvió a apuntar a las «laxas» políticas migratorias de la actual administración como el origen del problema.
Señaló que el dinero para el «transporte voluntario» de esos inmigrantes salió de una partida estatal de 12 millones para la reubicación de indocumentados y que piensa usar «cada centavo» en ello, aunque no se refirió a otros posibles traslados en el futuro inmediato de indocumentados.
«Creemos que el régimen en Venezuela es ilegítimo», dijo DeSantis durante una rueda de prensa en la universidad Miami Dade College (MDC), durante la cual calificó de «dictador» Nicolás Maduro, y lo comparó con el difunto líder cubano Fidel Castro.
Afirmó en ese sentido que Maduro está liberando a personas de las cárceles para que vengan a la frontera sur de EE.UU., y muchas de ellas no son refugiados como dicen ser ni por tanto califican como solicitantes de asilo.
El gobernador, que este noviembre aspira a la reelección y su nombre suena como posible aspirante a la candidatura republicana para la Casa Blanca, no aludió hoy a otro vuelo que partió desde Texas y que presuntamente iba a aterrizar en Delaware, estado del que es oriundo el actual presidente estadounidense, pero que finalmente lo hizo en Nueva Jersey y sin inmigrantes a bordo.
Por su parte, el senador demócrata de Florida Jason Pizzo anunció que interpondría una querella judicial con miras a impedir que DeSantis continué usando dinero público para el transporte de indocumentados, tras cuestionar la legalidad de estos traslados.
Con información de EFE
