La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este martes su visita a Bolivia con el objetivo de evaluar a los avances de las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hizo por los hechos relacionados a la crisis política y social de 2019.
Esta visita, a desarrollarse entre del 24 al 26 de este mes, se realiza en el marco de la Mesa de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe del GIEI (Meseg) y está presidida por el comisionado relator para Bolivia, Joel Hernández, informó el ministro boliviano de Justicia, Iván Lima.
Lima mencionó que la información que reciba la comisión «va a ayudar a mejorar e implementar todas las recomendaciones» que el GIEI hizo en agosto de 2021, en el informe que entregó al Gobierno del presidente Luis Arce.
El ministro recordó que ese informe estableció unas 36 recomendaciones que están agrupadas en «tres niveles» como la atención a las víctimas por vulneraciones a los derechos humanos, ajustes en el sistema judicial boliviano y acciones de políticas públicas.
Aseguró que «hay avances» en el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, aunque evitó dar un porcentaje del cumplimiento de esas tareas, mismas que consideró son cuestiones de «mediano y largo plazo» que deben irse cumpliendo.
Lima destacó avances respecto a la «reforma judicial», la adecuación de la normativa boliviana y la declaración de inconstitucionalidad del delito de sedición y la casi veintena de «personas imputadas» o con «detención preventiva» acusadas por «graves hechos de violación a los derechos humanos».
Sin embargo, varios de esos pasos son criticados por la oposición como el fracaso de la reforma judicial, que ha tenido al menor tres intentos de realización, y la existencia de presos políticos como la expresidenta interina Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos encarcelados.
EFE
