La Procuraduría de Colombia prorrogó otros tres meses más la suspensión provisional al canciller Álvaro Leyva, que lleva sin ejercer el cargo desde el 24 de enero mientras el Ministerio Público investiga las presuntas irregularidades que hubo en el proceso para la licitación de pasaportes en el país.
Leyva seguirá suspendido de sus funciones hasta el 24 de julio por, según investiga la Procuraduría, «incurrir en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo».
Según la Procuraduría, como canciller Leyva declaró desierta la licitación de pasaportes en 2023 «sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal» y tras eso «declarar la urgencia manifiesta sin que supuestamente existieran causales para adoptar esa determinación».
Tras la suspensión, el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró a Luis Gilberto Murillo como canciller encargado, mientras continuaba el proceso en la Procuraduría, que sigue en una etapa muy temprana y avanza lentamente, sin que, según lo argumentado por el Ministerio Público, se hayan «aportado elementos probatorios»
Cuando están a punto de cumplirse los tres meses dictados de suspensión, la Procuraduría considera que se mantienen «las condiciones existentes» que le llevaron a tomar la decisión de suspender a Leyva, por lo que si vuelve a sus funciones «podría darse la reiteración de la falta en el actual proceso licitatorio».
«Asimismo, se determinó que de reintegrarse Leyva Durán se activaría la posibilidad de que este interfiera de manera nociva en el proceso que tiene lugar actualmente, dada la autoridad que este tiene sobre los servidores públicos que fueron citados como testigos», añadió el ente de control estatal.
La suspensión de Leyva
En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Cancillería indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg &Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas, y suspendió su contrato, al que le quedaban todavía tres años.
Tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, la empresa anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 29,8 millones de dólares).
Por haber podido incurrir en dos faltas disciplinarias, al extralimitarse en sus funciones al declarar desierto el proceso y luego decretar la urgencia manifiesta aparentemente sin necesidad, la procuradora, Margarita Cabello, anunció en enero su suspensión por tres meses.
La controversia por el contrato de los pasaportes le costó el cargo a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, a quien el presidente Petro le pidió la renuncia luego de que Leyva le reprochara porque supuestamente no estaba haciendo bien la defensa del caso. EFE
