La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves detener la «represión y criminalización» de activistas en El Salvador tras la presentación de cargos contra el líder comunitario José Ángel Pérez y del defensor de derechos ambientales Alejandro Henríquez, acusados por la Fiscalía General de desórdenes públicos y resistencia.
«La detención de Pérez y Henríquez es un ejemplo alarmante de cómo en El Salvador se castiga a quienes alzan la voz. Exigimos el fin de la represión y criminalización injusta contra quienes defienden derechos humanos», señaló Ana Piquer, directora para las Américas, en un hilo de mensajes de la organización en X.
AI sostuvo que «estas acusaciones criminalizan el derecho a la protesta pacífica y vulneran la libertad de expresión. Protestar pacíficamente no es un delito. Es un derecho».
La organización agregó que desde AI «estaremos vigilantes del resultado de la audiencia inicial que se llevará a cabo el viernes 30 de mayo de 2025».
«El Estado salvadoreño debe garantizar los derechos de José Ángel y Alejandro y cesar el uso indebido del proceso penal para silenciar voces», subrayó.
Las detenciones del joven Henríquez, abogado ambientalista, y Pérez, pastor evangélico y líder comunitario, se dieron después de que un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de la Cooperativa El Bosque se concentraron la noche del 12 de mayo en las cercanías de un lujosa residencial en la que habita el presidente Nayib Bukele para pedir ayuda por un desalojo de cientos de familias.
Sin embargo, agentes de la Policía Nacional intentaron detener a varias de estas personas sometiéndolas, según las publicaciones de medios locales. Diversas organizaciones denunciaron el día 13 la detención de Henríquez y de Pérez.
Según trascendió el pasado 16 de mayo en la prensa salvadoreña, un juzgado dejó sin efecto el desalojo de las 300 familias, programado para el 22 de mayo, por lo que no se realizó.
En respuesta a la protesta, Bukele acusó a organizaciones de «manipular» a los pobladores y envió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben, y que además estipula multas y la disolución si no se cumple.
La ley fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).EFE
