Decenas de personas se enfrentaron este miércoles contra la Policía en el desmantelamiento de un campamento ilegal de unos 300.000 metros cuadrados en la ciudad chilena de Antofagasta, en el norte del país, un desalojo que dejó al menos tres detenidos.
«El campamento tenía un crecimiento muy acelerado, gestionado por personas que vendían y estafaban a otras, porque son terrenos públicos que no pueden ser vendidos a particulares», aseguró la ministra chilena de Bienes Nacionales, Javiera Toro, quien supervisó el desalojo desde un helicóptero junto con la delegada presidencial en la región, Karen Behrens.
Durante el operativo, agentes de Carabineros detuvieron al menos a dos personas por oponerse al desalojo y a otra por agredir a un policía.
Los vecinos de zonas cercanas al campamento ilegal habían denunciado previamente que el terreno tomado -de propiedad estatal- se había convertido en un punto conflictivo, con reiterados actos de violencia y de narcotráfico.
Este miércoles, agentes de Carabineros también desalojaron una vivienda ocupada en la comuna de Estación Central de la Región Metropolitana de Santiago, en el que llegaron a vivir hacinadas hasta 25 personas, la mayoría personas inmigrantes en situación irregular.
Los campamentos irregulares en Chile han aumentado un 33,1 % en 2 años, alcanzando un total de 1.290 asentamientos a lo largo del país, que albergan en conjunto cerca de 114.000 viviendas, según datos de la organización Techo-Chile.
Un 34,7 % del total de viviendas irregulares, cerca de 39.500, están habitadas por familias migrantes, un colectivo especialmente vulnerable de personas que en su mayoría llegaron a Chile en los últimos años provenientes de países como Venezuela o Colombia, huyendo de la crisis económica.
El alto coste de los arriendos y los bajos ingresos de muchas personas aboca a miles de familias a buscar un futuro en espacios improvisados. EFEw
