Seis organizaciones internaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por las maniobras del régimen de Nicolás Maduro que amenazan la legitimidad de las próximas elecciones en Venezuela.
En un comunicado conjunto, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), el Global Center for the Responsibility to Protect, el Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (ICJ) y Human Rights Watch (HRW), manifestaron que «las elecciones presidenciales de 2024 y las elecciones regionales, locales y legislativas de 2025, presentan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, así como para la normalización de sus relaciones con la comunidad internacional»
Son embargo, dijeron encontrarse «sumamente preocupadas por los recientes acontecimientos que representan una amenaza a la legitimidad de los próximos procesos electorales».
Entre estas amenazas destacan el desmantelamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la designación de nuevos rectores, tras la renuncia forzada de los que habían sido nombrados en 2021.
«Estas acciones socavan la confianza y certidumbre de las personas de Venezuela en sus instituciones y en el proceso electoral en sí mismo. Un CNE imparcial y completamente funcional es fundamental para asegurar la legitimidad de las próximas elecciones«, advirtieron.
Las organizaciones también expresaron su preocupación por «la continua inhabilitación electoral arbitraria» de candidatos de la oposición por medio de procedimientos administrativos.
«La reciente inhabilitación por 15 años de la candidata de oposición María Corina Machado, así como inhabilitaciones previas de figuras prominentes de la oposición como Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano, restringen severamente el derecho de las personas venezolanas a elegir a sus representantes. Estas inhabilitaciones socavan los principios de la democracia y el derecho a la participación política, y obstaculizan la inclusividad y justicia del proceso electoral», indicaron.
Recordaron, además, que los déficits persistentes en las condiciones mínimas para elecciones libres y justas «continúan impidiendo el proceso democrático en Venezuela».
«La falta de separación de poderes, la inhabilitación política de candidatos, las dificultades en la actualización del Registro Electoral que debería estar permanentemente habilitado para todos los potenciales electores, el limitado acceso a información clara y oportuna, y la ausencia de garantías para la libertad de expresión, fueron condiciones destacadas por la misión de la UE en 2021. La UE emitió 23 recomendaciones, que fueron luego resaltadas durante la cumbre convocada por el gobierno de Colombia en abril de 2023. Sin embargo, a la fecha nada o muy poco se ha logrado en la implementación de estas reformas», resaltaron.
Enfatizaron que se requieren «condiciones genuinas y la garantía de otras libertades fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, el derecho de reunión y libre asociación. La existencia de la democracia en sí misma, un sistema basado en la participación política, es esencial para la completa protección y garantía de otros derechos humanos».
Ante este contexto, plantearon que «la comunidad internacional y otros actores no deben aceptar menos y deben exigir a Venezuela cumplir con estándares electorales mínimos que garanticen el derecho a la participación política y elecciones libres y justas».
📄🇻🇪Cinco grupos importantes de derechos humanos publicaron la siguiente declaración sobre las elecciones en #Venezuela en 2024 y 2025, una importante oportunidad para lograr cambios democráticos.
— WOLA (@WOLA_org) July 6, 2023
