El pasado 4 de julio, Nicolás Maduro encabezó el acto acto de ascenso de generales, almirantes y personal militar que ocupó el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
En el acto, que se realizó en el Panteón Nacional, Maduro ascendió al rango de general de división a Rafael Antonio Franco Quintero, quien ha sido identificado por la Misión Internacional de Determinación de Hechos como uno de los principales torturadores del régimen chavista.
Quintero nació el 14 de octubre de 1973 e inició sus estudios en la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna, en Caracas, en 1995. Actualmente es General de Brigada de la FANB, rango al que fue ascendido por Nicolás Maduro en julio de 2020.
El exdirector general de la DGCIM, Hugo «El Pollo» Carvajal, lo incorporó antes de 2013 al organismo de contrainteligencia, donde se desempeñó como Director Regional de Operaciones de la DGCIM en la Región Central antes de su traslado a la sede de la DGCIM en Boleíta.
Desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2018, Franco Quintero se desempeñó como Director de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC), que depende directamente del Subdirector General, quien a su vez depende directamente del Director General en la jerarquía de la DGCIM, Iván Rafael Hernández Dala.
El 2 de agosto de 2019, Franco Quintero fue nombrado Director de Seguridad del Aeropuerto de Maiquetía “Simón Bolívar”, donde participa directamente en arrestos de familiares de figuras opositoras de alto nivel que llegan o salen del país.
Se cree que su traslado fue con el objetivo de protegerlo del escrutinio internacional ante su elevado perfil público con acusaciones por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, dos testigos aseguraron a la Misión que sigue formando parte de la DGCIM, pero su función en la organización no está clara.
Su participación en torturas
De acuerdo a la ONU, Franco Quintero daba órdenes a sus subalternos, que incluían llevar a cabo torturas u otras formas de maltrato.
Como director de la DEIPC, Franco Quintero dirigió operaciones de inteligencia para investigar objetivos, incluyendo presuntos militares disidentes, y solicitó la apertura de investigaciones a la Fiscalía Militar. También dirigió o participó en interrogatorios de los detenidos en Boleíta.
El represor tenía su propio despacho en el sótano 1 de Boleíta, lo que le permitía seguir de cerca los acontecimientos. En este sótano se encontraban varias celdas de detención utilizadas para torturas.
La Misión recibió información de exdetenidos y exempleados de la DGCIM, quienes sostuvieron que Franco Quintero realizaba directamente actos de tortura o estaba presente mientras las personas detenidas eran torturadas. Un exdetenido describió a Franco Quintero como “la maldad”, el director más sádico de la DEIPC durante el tiempo que estuvo detenido en Boleíta.
«En agosto de 2018, dos detenidos presenciaron a través de una rendija bajo la puerta de su celda cómo Franco Quintero participaba en la golpiza a otro detenido. Cuatro agentes de la DGCIM, entre ellos Franco Quintero, colocaron al detenido en una silla en un baño y lo golpearon fuertemente en la cabeza. Cuando el detenido intentó utilizar sus brazos para protegerse de los golpes, las esposas le causaron graves daños en la cara. Después de que el detenido empezara a sangrar profusamente, los agentes empezaron a coserle las heridas de la cabeza y la mejilla, lo que hizo que el detenido gritara de dolor. Al día siguiente, un grupo de detenidos recibieron la orden de limpiar el baño por parte de uno de los agentes implicados en la paliza, quien dijo que ‘anoche hubo una fiesta’», documentó la ONU.
En otro caso, un oficial de la FANB detenido por la DGCIM dijo que Franco Quintero estaba presente cuando fue torturado. Los funcionarios comenzaron a golpearlo y utilizaron una bolsa de plástico para asfixiarlo. Cuando le quitaron la capucha, vio cómo Franco Quintero estaba en la oficina filmando la tortura con su teléfono móvil y riéndose.
Otros testigos entrevistados dijeron haber presenciado cómo Franco Quintero daba órdenes al entonces Jefe de Custodios de torturar a los detenidos en la DEIPC, instruyendo aplicar la «tortura despiadada” y «tratar peor» a los prisioneros.
Violencia sexual y detenciones arbitrarias
Franco Quintero también ha estado implicado en la violencia sexual contra detenidos, incluso como autor directo o a través de sus subordinados, como fue el caso del Capitán Juan Carlos Caguaripano.
También, un exdetenido en Boleíta le indicó a la Misión que, durante una sesión de interrogatorio, dos funcionarios de la DEIPC intentaron introducirle un palo en el ano.
A Franco Quintero también se le acusa de haber sido responsable por la ejecución de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, como la de Luis de la Sotta, capitán de una unidad de élite de la FANB, en mayo de 2018, o la de Igbert Marín Chaparro, teniente coronel de la FANB, el 2 de marzo de 2018.
Además, Franco Quintero también es señalado de recibir beneficios financieros durante los allanamientos ejecutados por la DGCIM, robando bienes de las víctimas, que se sumaban al llamado «botín de guerra» y se distribuían posteriormente entre los funcionarios.
Sanciones internacionales
Franco Quintero ha sido objeto de las siguientes sanciones internacionales debido a su papel en la perpetración de violaciones de los derechos humanos, las cuales siguen vigentes:
- Estados Unidos: Congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibición de participación financiera de los estadounidenses (19 de julio de 2019).
- Unión Europea: Congelación de fondos y recursos financieros, prohibición de viajar (27 de septiembre de 2019).
- Reino Unido: Congelación de fondos y recursos financieros, prohibición de viajar (27 de septiembre de 2019).
- Suiza: Congelación de fondos y recursos financieros, prohibición de viajar (10 de octubre de 2019).
- Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Armenia y Georgia: Congelación de fondos y recursos financieros, prohibición de viajar (31 de octubre de 2019).
